El PP de Gandia mantiene que el Gobierno municipal ha engañado a los ciudadanos para justificar la zona azul en la playa
El Grupo Municipal Popular de Gandia, tras conocer la modificación del contrato con la empresa adjudicataria del servicio de la Grúa y la ORA en la ciudad, manifiesta su disconformidad respecto a la decisión de instalar como zona de aparcamiento de pago en la playa y que antes era gratuita, la situada principalmente junto al parque del Clot de la Mota, además de extenderla a otras calles.
En opinión del Portavoz, Víctor Soler “son decisiones restrictivas y disuasorias para todo aquel que quiera vivir o visitar nuestra costa y una ciudad en la que el Turismo es la base de su economía, no puede ni debe tomar medidas que resultan un freno para las personas que viven y visitan nuestra playa, que trabajan en ella, que alquilan apartamentos o los tienen en propiedad o para los que buscan disfrutar de un día de nuestra fantástica playa y utilizar todos los servicios que ofrece”.
Como ya ocurriera con la implantación de “la Morada” en la playa, el Gobierno PSOE y Compromí Més Gandia, vuelve a hablar de consenso con la Hostelería cuando no hay más que visitar los bares, cafeterías y restaurantes de la zona para conocer su disconformidad con esta decisión. Se atrevieron a afirmar que la decisión se debía a una demanda de DestiSafor, cuando a lo que realmente se debe es al desequilibrio concesional de la empresa generado no sólo por el COVID, que utilizan de nuevo como la gran excusa, sino a que previo a la campaña electoral de 2019, ante el gran descontento y enfado de los ciudadanos, se hicieron constantes modificaciones de la zona azul que afectaron a calles y número de plazas de aparcamiento por lo que era evidente que la empresa salía perdiendo. Eso no le importó al PSOE que, ante la situación, decidió hacer las modificaciones que le vino en gana para intentar contentar a unos vecinos de los que ansiaba sus votos. Lo peor de ello es que al final y como siempre, es el ciudadano el que acaba pagando la factura y los desmanes, los antojos y los desatinos a los que nos tiene acostumbrados la izquierda con aquello de” yo hago y los demás pagan”.
Del mismo modo, en la última Junta de Distrito de la Playa los representantes de los colectivos presentes en la misma que se manifestaron en contra de la propuesta del Gobierno, solicitaron votación y se les negó el derecho. Ese es el proceso participativo del que hacen gala constantemente cuando lo que deberían es avergonzarse.
Pese a ello el Gobierno, de forma unilateral y con tintes absolutistas, ha decidido llevar adelante esta medida sin explicar tampoco a los ciudadanos cuales son las repercusiones de la misma. Así, el Portavoz adjunto Vicent Gregori ha concretado los aspectos más destacables en:
- Se amplía el contrato con la concesionaria hasta 2024.
- Las tarjetas de residente las están dando desde esta semana mientras la adjudicación del contrato fue en 2017.
- Mientras que la tarifa del servicio de la ORA en casco urbano es de 0’50 €/hora, en la playa es de 1’15 €/hora.
- Se aumenta la tarifa de la grúa a 120 €.
Y para colmo, el Gobierno afirma no entender “la polémica generada” por su decisión. Seguro que saldrían de dudas si pisaran más la calle, hablaran con los ciudadanos, los turistas, los hosteleros, con los trabajadores, y con todos esos autónomos que abren las persianas de sus negocios todos los días y que y, de por sí , están saturados de impuestos. Sumemos ahora un gasto más por aparcar en la vía pública.
