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Compromís pide que se actúe contra el obispo de Alicante por manifestarse frente a una clínica abortista

Compromís pide que se actúe contra el obispo de Alicante por manifestarse frente a una clínica abortista
  • El senador Carles Mulet recuerda que estas concentraciones están prohibidas por la ley

A instancias del concejal de Alacant, Rafa Mas, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha trasladado al Gobierno una petición para que actúen "contra la conducta presuntamente delictiva del Obispo de Alacant, Munilla, dedicándose a acosar a clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo".

Así, Rafa Mas ha valorado que “no podemos permitir el acoso a trabajadoras y trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional, y menos por parte del representante de la Iglesia como es el Obispo Munilla, cuyo reprochable comportamiento no se ajusta ni a la Ley. Por eso nuestro senador Carles Mulet va a pedir explicaciones al Gobierno Central y qué medidas va a adoptar para instar a identificar y denunciar ante los tribunales a estos presuntos delincuentes que se concentran contra una clínica para presuntamente amedrentar y coaccionar a mujeres

Así, en el texto remitido al Gobierno desde el Senado se remarca que

“La Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, deja claro que

Artículo 172

  1. El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.
  2. Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo.
  3. Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.
  4. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.
  5. En la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal.»

Mulet aporta un enlace en su pregunta escrita a las noticias publicadas donde aparece la foto del obispo acompañado de otros ultras y ha formulado el siguiente requerimiento, “El obispo Munilla se manifiesta contra el aborto frente a una clínica en Alicante En la fotografía puede identificarse a más personas que han participado en este acto ilegal.

Por todo ello se pregunta al Gobierno,

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para instar a identificar y denunciar ante los tribunales a estos presuntos delincuentes?

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para que el cumplimiento de esta ley sea efectivo y se termine con estos acosos?-

Según Mulet “la ley está para cumplirse, sea oficinista, conductora de camiones u obispos, y es más temerario cuando este acto de acoso lo realiza una persona con repercusión pública. No sabemos las veces que ha decidido el señor Munilla no practicar el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, pero esta persona no puede violar la ley, y menos hacer ostentación pública de ello, por eso esperamos unas medidas contundentes y ejemplarizantes por parte del Gobierno, o en caso contrario se demostrará la ley no sirve para nada”

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