Aitana Mas: “El PP de Alicante ha desperdiciado 2,7 millones en contrataciones para agilizar la tramitación de la Renta de Inclusión”
La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Aitana Mas, recuerda que entre 2017 y 2018 el Ayuntamiento alicantino recibió 2,7 millones de euros para la contratación anual de 53 personas
Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís a les Corts Valencianes, ha criticado el posicionamiento del Ayuntamiento de Alicante ante la reprobación del Síndic de Greuges por los retrasos de tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión. La diputada ha recordado que solo entre 2017 y 2018 el equipo de gobierno recibió más de 2,7 millones de euros exclusivamente para la contratación de personal de servicios sociales.
Tanto en 2017 como en 2018 la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas derivó al Ayuntamiento alicantino subvenciones por valor de 1.368.112 euros para cada ejercicio anual. Estas ayudas, de carácter nominativo (es decir, específicas para la contratación de personal), suponían anualmente la creación de 53 puestos de trabajo para mejorar la atención en los equipos de base de servicios sociales del consistorio.
“Lo que pone de manifiesto la reprobación del Síndic de Greuges al Ayuntamiento es que la alcaldía de Alicante no se ha tomado en serio tener una verdadera infraestructura de servicios sociales que sirva de puerta de entrada a un sistema que al final solo busca hacer más fácil la vida a las personas”, ha apuntado Mas.
La diputada ha señalado además que la Conselleria prevé para el Ayuntamiento de Alicante otra subvención de 2.527.000 euros a lo largo de 2019, de nuevo con carácter específico para la contratación de personal. La ayuda reúne la cantidad suficiente como para que la concejalía de Bienestar Social pueda contratar a 106 personas.
En este sentido, la diputada alicantina ha destacado que el Consell del Botànic ha trabajado desde 2015 para consolidar los servicios sociales como la cuarta pata del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones.
Por eso, en este ejercicio presupuestario, la previsión es que los ayuntamientos y mancomunidades puedan contratar a 1.784 profesionales frente a los 352 trabajadores y trabajadoras municipales que había al inicio de la legislatura.
Este incremento de las plantillas de profesionales permitirá una "reducción de la ratio" de habitantes por profesional, lo que significa "aumentar el tiempo y la calidad de la atención a los ciudadanos y ciudadanas, con una dedicación más personalizada, más profesional y más cercana", ha explicado. Con estas plantillas en los equipos base de los servicios sociales municipales, la ratio se reduce de 12.743 habitantes por profesional en 2015 a los 2.502 en 2019.
