La Junta de Gobierno exige al Gobierno Central que los Ayuntamientos puedan disponer de sus superávits
La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy una moción planteada por el delegado de Hacienda, Ramón Vilar, en la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para liberar a las entidades locales de las restricciones a la hora de reinvertir los recursos habidos por el superávit en sus cuentas.
La moción ha sido planteada en función del acuerdo de la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la FEMP celebrada ayer, jueves 6 de abril, en la que se insta al Gobierno de España a que adopte "iniciativas legislativas que permitan a las entidades locales españolas reinvertir su superávit, sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía, en cualquier aplicación presupuestaria que consideren oportunas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria".
Asimismo, la propuesta incluye la petición al ejecutivo de que se declaren plurianuales, para los año 2017 y 2018, los compromisos de gasto a los que se apliquen los remanentes netos de tesorería de los ayuntamientos.
UNOS PRESUPUESTOS "TRANSVERSALMENTE PERVERSOS"
Tal como ha asegurado el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, los Presupuestos Generales del Estado de 2017 "no sólo suponen una auténtica ofensa a los valencianos y las valencianas", sino que son además "transversalmente perversos para el conjunto de los ayuntamientos españoles". "El Gobierno del Partido Popular –ha afirmado el edil- intenta mantener como rehenes los superávits y los remanentes netos de la totalidad de municipios, que en 2016 han alcanzado los 7.083 millones de euros en su conjunto".
"La ciudadanía no pueden estar esperando que el Gobierno tenga a bien permitir a los ayuntamientos la aplicación presupuestaria en gasto necesario de este superávit que ha generado la propia administración local", ha añadido.
RECAUDACIÓN DE MULTAS
El concejal también ha expresado su satisfacción, por la aprobación hoy, por el pleno del Consell, del convenio de colaboración entre el Instituto Valenciano de la Administración Tributaria y el Ayuntamiento de València para posibilitar la última fase de la recaudación ejecutiva de multas, es decir, el embargo en cuentas corrientes y oficinas en entidades bancarias situadas en oficinas fuera de València.
Según Vilar, "este acuerdo permitirá no solo el cobro de las multas a la totalidad de las personas que comentan infracciones, sino que tiene una gran importancia política porque va dotando de mayores competencias al Instituto Valenciano de la Administración Tributaria".
Los servicios de tesorería municipales van a empezar a trabajar conjuntamente con la Conselleria de Hacienda para que la medida se aplique en 2018 a la totalidad de cobros en fase final ejecutiva de cualquier deuda tributaria con el Ayuntamiento de València.
