El juez procesa al PP de Valencia y a todos los concejales de Rita Barberá por blanqueo de capitales
El auto detalla que concejales y asesores del grupo municipal recibieron presuntamente dinero negro del partido y se lo reingresaron después mediante transferencias bancarias
El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha dictado auto de procedimiento abreviado contra 49 de los investigados en el marco de la pieza A del conocido como ‘caso Taula’. Los encausados son en su mayor parte concejales y asesores del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia durante la etapa de Rita Barberá, que presuntamente recibieron dinero negro por parte de algunos responsables del partido –1.000 euros cada uno de ellos- y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña de las elecciones locales de 2015.
El magistrado también aprecia indicios de delito en la actuación del propio PP como persona jurídica en el delito de blanqueo, aunque esa actividad fuera “opaca, aparentemente a la estructura nacional” del partido y la llevaran a cabo “pocas personas en el círculo más estrecho de confianza de la entonces alcaldesa”, tal y como recoge la resolución, que puede ser recurrida.
El instructor ha decretado por otro lado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra dos antiguos ediles, al haber fallecido durante la instrucción, y el sobreseimiento provisional y parcial de las mismas en relación a otros cinco investigados.
Asimismo, ha determinado la reapertura de la investigación seguida por estos hechos contra otro investigado que era diputado autonómico y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El auto también expone los indicios de delito de malversación apreciados tras la instrucción en la actuación de uno de los investigados, Alfonso G.N., en la campaña municipal de 2007, así como de éste y otra concejal, María del Carmen G.F., por cohecho pasivo impropio y blanqueo, respectivamente, en relación a la campaña de 2011.
El magistrado da de plazo 20 días a la Fiscalía y las acusaciones populares personadas en esta pieza del ‘caso Taula’ a fin de que soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral.
