Investigan contratos irregulares por valor de 2,8 millones de euros durante la etapa del PP en el Ayuntamiento de Valencia
Los hechos habrían tenido lugar entre los años 1999 y 2013, según un informe de la UDEF
El Ayuntamiento de Valencia se personará en la causa que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular en la ciudad de Valencia a través de una agencia de comunicación. Así lo ha anunciado este viernes el alcalde, Joan Ribó, después de que la UDEF haya hecho público un nuevo informe sobre el tema.
Según este informe, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, una empresa de comunicación- investigada también en el marco del caso Taula - habría ingresado ayudas por valor de 2,8 millones de euros de los distintos departamentos del consistorio entre los años 1999 y 2013. Periodo en el que el Partido Popular ostentaba la alcaldía de la ciudad, con Rita Barberá al frente.
“Hay dinero de todos los valencianos que se han utilizado, presuntamente, para financiar al Partido Popular” ha denunciado en declaraciones a los medios de comunicación el alcalde, Joan Ribó, quien cabe recordar presentó la primera denuncia sobre el tema cuando era concejal de Compromís en la oposición.
El alcalde ha asegurado que el informe de la Policía, que se explaya a lo largo de 1.200 páginas, habla de "métodos irregulares, contratación con irregularidades, elementos recurrentes en la contratación, fraccionamiento sistemático en contratos menores, o criterios de selección subjetivos por encima de los criterios objetivos". "Asimismo, se señalan incumplimientos en contrataciones directas, incumplimientos de las normas de fiscalización, contratos por vía de urgencia sin justificación, o aspectos concretos como que, por ejemplo, cuando se pedían tres empresas alternativas, tal como antes exigía la normativa, resulta que las tres pertenecen al mismo entramado, Trasgos".
El informe llega el mismo día en el que el Partido Popular arranca su congreso provincial en Valencia para renovar sus principales cargos, entre ellos a la actual portavoz popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, quien defiende que el partido está “totalmente renovado”.
Una renovación que ha sido cuestionada por la vicealcaldesa y portavoz del PSPV en la ciudad, Sandra Gómez, quien ha lamentado que el “PP pierda la oportunidad de renovarse”. “Que nadie se confunda no es el viejo PP, es el actual. Están relacionados con este caso personas que hoy tienen un peso muy importante en el partido de la ciudad de Valencia” ha afirmado.
Y es que, según detallaría el informe, gran parte del dinero destinado a la agencia provendría de la concejalía de deportes que era dirigida por aquel entonces por Cristóbal Grau. El popular en estos momentos es secretario del PP en el Ayuntamiento y secretario general del grupo municipal.
Con todo ello, el actual gobierno municipal ha anunciado que se personará en la causa e insiste: “No es una nueva época, está salpicada por problemas de la época anterior”.
Investigación
La investigación arrancó en 2014, tras la denuncia planteada por el Grupo Municipal Compromís ante la Policía Nacional, por las «sospechas» de las contrataciones efectuadas desde el Ayuntamiento con el entramado de cuatro empresas reunidas bajo el nombre común Trasgos Comunicación S.L, tal como ha recordado el alcalde.
De hecho, después de que la Policía Nacional trasladara el asunto a la justicia, se abrió una pieza específica sobre este tema, y ya con el nuevo equipo en el Gobierno de la ciudad, el juez pidió información sobre todos los contratos susceptibles de ser investigados, que llevó a cabo la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF.
Ribó ha recordado que Trasgos «es la empresa que hizo la campaña electoral del Partido Popular en 2011, y la misma que hacía los Congresos del PP de la ciudad de València durante este periodo, de manera paralela a lo que hacía Orange Market a nivel estatal».
