18 de septiembre de 2020 18/9/20

Las feministas valencianas se enfrentan al primer juicio por las multas del 8M

Las feministas valencianas se enfrentan al primer juicio por las multas del 8M - (foto 1)
  • El próximo martes 22 de septiembre, el colectivo afronta su primer juicio derivado de las multas a las piqueteras durante la huelga feminista de 2018

Las feministas multadas por participar en piquetes informativos durante el 8M de 2018 y 2019 ya tienen fecha para el primer juicio, el martes 22 de septiembre, y un segundo, el 28 de octubre, ambos en la Ciudad de la Justicia de Valencia. En un acto que ha tenido lugar esta mañana ante la Delegación del Gobierno en Valencia, donde también han participado los colectivos Arran y Alerta solidària, las feministas han denunciado nuevamente la represión que llevan arrastrando desde hace más de dos años.

“Todas recordamos el 8M de 2018 como una jornada que marcó un antes y un después en el movimiento feminista, pero las feministas de Valencia también recordamos la represión policial a que fuimos sometidas en varios puntos de la ciudad”, han señalado en un comunicado que han leído ante la prensa.

Desde que recibieran las primeras sanciones, el movimiento feminista de Valencia ha estado haciendo alegaciones y denunciando que “estas multas atentan contra el derecho de huelga y manifestación”. “A pesar de todo este tiempo de lucha, de reuniones con diferentes delegados del gobierno, y de movilización, ahora nos encontramos en las puertas del primer juicio”, denuncian. El segundo tendrá lugar el 28 de octubre y saben que tendrá lugar un tercero, pero todavía desconocen la fecha de este.

En la misma línea, han señalado que “la represión política viene de diversos frentes, no solo del Estado”, en referencia a las activistas feministas denunciadas por Hazte Oír por protestar y oponerse a entrada a Valencia del autobús con lemas misóginos de esta organización. Los hechos ocurrieron en los días previos al 8M de 2019 y a estas activistas se les reclaman 34.000 € por presuntos delitos de odio, que el movimiento incluye en el cómputo de la represión al movimiento feminista, que subiría a los 44.815 €.

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