El ayuntamiento aprueba una moción por una financiación justa

El Pleno municipal ha aprobado una moción reclamando una financiación justa para los valencianos y valencianas presentada por el Govern de la Nau, firmada y defendida por los portavoces Pere Fuset, del Grupo Municipal Compromís; Sandra Gómez, del Grupo Socialista, y María Oliver, de València en Comú. En el texto se recuerda que en 2016 la Generalitat promovió un Manifiesto por una financiación justa, que secundaron más de 600 entidades valencianas, donde se denunciaba la marginación valenciana en materia de financiación y también de inversión, por lo que se exige "una reforma inmediata del sistema de financiación que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, que posibilite a los valencianos y valencianas tener unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer nuestras competencias propias"

La aprobación de esta moción, que ha contado también con el apoyo del grupo Ciudadanos, se produce apenas dos días antes de la convocatoria de una manifestación en el mismo sentido,"Por una financiación justa", el próximo día 18, en la que junto a sindicatos, entidades empresariales y cívicas, en la que el único partido ausente será el Partido Popular, como se han encargado de recordar todos los intervinientes.

En el cuerpo de la moción se afirma que el objetivo es que "nunca más exista una ciudadanía discriminada por el sólo hecho de pertenecer a un territorio", antes "reclamar un reparto de las inversiones y una ejecución que0 acabe con el déficit inversor en la Comunidad Valenciana, compensando la insuficiencia de los últimos años y "dedicando una cantidad de recursos ajustada a nuestro peso poblacional, tal como recoge la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía aprobado por les Corts Valencianes". En una tercera propuesta de acuerdo se reivindica "el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados directamente y el establecimiento de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida del anterior."

La primera intervención ha sido la de María Oliver (València en Comú), quien ha enumerado algunos de los problemas "que encontramos en nuestras calles y que son consecuencias de la infrafinanciación". Ha hablado de barracones, de listas de espera, de ayudas a la dependencia, de la línea T-2, de la necesidad de mejorar la oferta sanitaria. Ha afirmado que por culpa de la infrafinanciación "se dejan de recibir 3000 euros cada minuto", y ha cifrado en 5.500 millones de euros la cantidad que los valencianos y valencianas han dejado de recibir en los últimos 15 años.

En su opinión la falta de financiación "contraviene el principios de solidaridad territorial. Queremos inversiones del Estado como las que han recibido en otros lugares y abandonar esta situación en que pagamos como los más ricos, pero somos los más pobres y los más endeudados." Oliver se ha dirigido a la bancada Popular para decirles: "Me gustaría saber por qué no se suman a la manifestación del viernes".

La portavoz socialista Sandra Gómez ha afirmado que "la sociedad valencianas ha dicho basta a tener una financiación que está muy por debajo de la media del Estado en los Presupuestos Generales del Estado". También que cada valenciano o valenciana soporta una deuda de 9.000 euros, y que el FLA "se utiliza para reducir nuestra autonomía política y financiera, es una humillación para la autonomía política y financiera de nuestra tierra. Por eso ha llegado el momento de hacer visible el problema valenciano, que no es de banderas sino de desigualdad. Y nos afecta a todos y todas, afecta a nuestra calidad de vida".

"El sábado recorreremos las calles de València para reivindicar lo que es justo, para pedir que se nos garanticen derechos y servicios fundamentales, y el Partido Popular será la única fuerza política que no nos acompañe", ha dicho Sandra Gómez

Fernando Giner ha reivindicado la necesidad de "Disponer de los recursos suficientes" y ha asegurado que "el actual sistema genera unas diferencias entre comunidades del 35 por ciento, muy arbitrarias.". Ha hablado de que "lo importante es garantizar la igualdad a los servicios públicos esenciales" y también se ha referido a la corresponsabilidad fiscal y a la necesidad de "un reparto claro y comprensible".

Pere Fuset, portavoz de Compromís, ha señalado que no se hablaba de siglas, sino de los 237 euros por debajo de la media del Estado que reciben los valencianos y valencianas" por habitante, que nos hemos empobrecido en los últimos años y estamos doce puntos por debajo de la media, pero somos los únicos que siendo pobres pagamos como los ricos". Fuset ha dicho que la infrafinanciación "es injusta e inconstitucional y nos convierte en ciudadanos de segunda".

En su opinión, los Presupuestos del Estado son insultantes. "Somos el 11% de la población y recibimos el 3'5% de la inversión." Ha hablado de una movilización necesaria para mejorar el bienestar de las personas, para conseguir una financiación justa que permita mejorar la sanidad, ayudar a los jóvenes, fomentar la cultura y proteger el medio ambiente, reducir la carga fiscal a las rentas más bajas y acometer infraestructuras necesaria y generar puestos de trabajo. "Sin recursos no hay autonomía, y por eso hace falta piña, unidad al lado de empresarios, sindicatos, partido, excepto el Partido Popular en una cuestión que nos afecta a todos".

Eusebio Monzó ha defendido que "en los servicios básicos aquí se ha invertido igual que la media nacional" y ha llegado a afirmar que "si hoy hay personas dependientes es por su incompetencia a la hora de gestionar". Monzó ha dicho que "no vamos a estar en la manifestación porque no es el momento y porque no es el camino. Han elegido ustedes el camino equivocado".

El Grupo Popular ha presentado una propuesta alternativa, que ha sido rechazada, solicitando que "el Ayuntamiento de València se dirija e inste a todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados a que apoyen la negociación del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, alcanzado el acuerdo, voten en favor el Proyecto de Ley Orgánica que introduzca y regule el nuevo sistema de financiación autonómica en España".

En el último punto de la moción aprobada finalmente se acuerda "mostrar el apoyo del Ayuntamiento a la declaración inicial firmada por todos los grupos parlamentarios de les Corts Valenciannes", y también "colgar una pancarta en la fachada del Ayuntamiento con el lema "Per un finançament just per als valencians i valencianes", así como adherirse a la manifestación unitaria del próximo 18 de noviembre.

AMPLIACIÓN DE LA V-21

El pleno ha rechazado una moción del Grupo Popular sobre la V-21.

La moción incluía un punto para "apoyar la ampliación de la V-21 en el tramo Carraixet-València consistente en la ejecución de un tercer carril, adaptando la sección tipo a la que tiene entre Puçol y el Carraixet, y un tercero pidiendo "dirigirse al Ministerio de Fomento a los efectos de que, sin paralizar la licitación de las obras en curso, en la fase de ejecución de las mismas la afección a la huerta sea la mínima indispensable y necesaria"."

Alfonso Novo ha afirmado que la ampliación de la V-21 "está diseñada para mejorar la seguridad vial y con el menor impacto ambiental", para añadir la inconveniencia de pedir retrasar un proyecto ya licitado. Ha planteado que "en la fase de ejecución se intente minimizar el impacto que pueda tener sobre la huerta" y ha reprochado a Joan Ribó que haya cedido ante València en Comú. "podemos le está quitando la cartera", ha dicho.

Por parte de los representantes de Ciudadanos se ha defendido que "se minimice el impacto sobre la huerta", pero manifestando que la ejecución no se puede parar y ha de continuar. Giner ha pedido el alcalde que mostrase "la propuesta de reducir la afección de la huerta en un 60 por ciento. Que nos la traiga y nos lo enseñe".

Por parte del Govern de la Nau ha intervenido Joan Ribó, que ha anunciado que se iban a "reafirmar en aquello que votamos hace un mes. No queremos perder una inversión, estamos pidiendo tiempo para lograr una mejora del proyecto con la voluntad de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Fomento, de alcanzar un consenso, porque es un proyecto que no nos gusta, que no respeta la huerta, con una participación pública muy reducida; un proyecto enlazado con el acceso norte al Puerto muy perjudicial para los Poblados Marítimos".

Ribó se ha referido a las expropiaciones y a la posibilidad de modificar parcialmente el proyecto, ante de señalar que el objetivo del gobierno de la ciudad "es defender la huerta".

La moción del Grupo Popular, rechazada, recordaba el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento tomado el 25 de septiembre de 2015, y se apuntaba que "esta actuación fue defendida y reivindicada sin excusa por las principales formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento tanto a través de declaraciones públicas como de iniciativas políticas".

UNA MEDIDA DISCRIMINATORIA

El Govern de la Nau considera que la medida acordada por el Ministerio de Hacienda de intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid "resulta discriminatoria y excede lo establecido por la normativa vigente", y así lo ha hecho valer a través de una moción aprobada hoy en el Pleno con los votos en contra de los concejales y concejalas de los grupos Popular y Ciudadanos, donde pide que se retire la intervención, que el ministro Montoro comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones, y que se inste a los grupos parlamentarios "para la reforma urgente y en profundidad de la ley Orgánica 2/2012, así como exigir , antes de la finalización del ejercicio 2018, la derogación de la actual normativa que regula al aplicación restrictiva del remanente de tesorería o superávit, flexibilizando su aplicación."

En el cuerpo de la moción se afirma que "la única pretensión de la intervención ha sido castigar a un ayuntamiento que está demostrando, como tantos otros, que es prioritario poner la hacienda local y la economía al servicio de la mayoría social y los intereses generales de la ciudadanía".

Igualmente se recuerda que el Gobierno de España se comprometió al inicio del año "a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit de las corporaciones, y también que "aunque hasta la fecha no se ha producido ningún avance, "Hacienda asume el compromiso de dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una reforma de la regla de gasto". Igualmente hace referencia a que la situación económica y de cuentas públicas del Ayuntamiento intervenido "se concreta en que ha registrado importantes superávits (más de 1.000 millones en 2016)""

Joan Ribó, en su defensa de esta moción, ha afirmado que "nos preocupa mucho lo que pase en el Ayuntamiento de Madrid" por lo que pueda pasar en el futuro a València. Ha resaltado que son las autonomías y el gobierno del Estado quienes no cumplen la regla de gasto. "Al ministro Montoro, antiguo alcalde de Jaén, se le cae la cara de vergüenza cuando ve las cuentas de Madrid. En el Ministerio exigen cumplir lo que ellos no cumplen".

Fernando Giner ha justificado la intervención de las cuentas por parte del Ministerio de Hacienda y ha afirmado que "el Ayuntamiento de València no es lugar para esta moción", además de acusar de populismo al Govern de la Nau y de buscar la confrontación al gobierno municipal de Madrid. "Les gustaría ser una víctima propiciatoria del Estado y por eso buscan la confrontación"

Eusebio Monzó ha criticado que "se pretenda convertir un debate técnico en un debate político", para añadir que Manuela Carmena "va a volver a la senda de la legalidad" y calificar de "ilegal" la moción que se estaba debatiendo. "No es una medida discriminatoria porque hubo un incumplimiento reiterado de la ley". El portavoz Popular ha argumentado que "el Estado somos todos, también los ayuntamientos, y el de Madrid se ha apartado de la senda de la legalidad."