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Per Miguel Ángel Bodí
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Técnicos de primera y políticos de segunda, o al revés

    Ha quedado demostrado hace unas semanas, por si alguien tenía alguna duda, que quien realmente tiene el poder de decisión en un Ayuntamiento son los políticos que forman parte del equipo de gobierno y no los técnicos municipales.

    Esto, que en principio parece una perogrullada, en nuestra ciudad no lo es tanto, ya que habitualmente se intenta vender lo contrario por parte de nuestros gobernantes, al esconderse  detrás de los técnicos para no tomar decisiones o tomar las que les interesen en cada momento.

    Muchos ejemplos de esto existen en nuestra ciudad y en todos los ámbitos. Sirva como demostración el caso reciente de un contribuyente que me ha llamado expresamente con el fin de que se haga pública su queja: ante un importante pago de un tributo municipal solicita en tiempo y forma al Ayuntamiento aplazarlo en varias mensualidades; meses después, sin obtener ninguna respuesta, se sorprende por el cargo en su cuenta del apremio por el impago, con la amenaza del embargo de sus bienes; puesto en contacto con la persona responsable del equipo de gobierno, se le comunica que el técnico entiende que no debe de aprobarse el pago periódico y que nada más se puede hacer.

    Un caso parecido es el del dilatado proceso seguido para la aprobación de los recientes bonos del comercio.  A pesar del éxito que estaban teniendo en otras localidades y de las numerosas peticiones por parte de diversos colectivos, también desde estas humildes líneas,  en nuestro municipio se han negado a aprobarlos hasta hace unas semanas con la excusa de que los técnicos entendían que no eran legales. Menos mal que debido a la presión política y ciudadana han podido finalmente ver la luz, suponiendo un relativo éxito. Y es que, después de tanto desearlos,  se han quedado muy cortos, porque en dos días se han agotado (tan solo se habían aprobado por valor de 170.000€ cuando en otras ciudades han llegado incluso a pasar del 1.000.000€). Esperemos que pronto se proceda a aprobar una ampliación para que lleguen a muchos más ciudadanos y, sobre todo, a los mayores que no utilizan internet, ya que esta vez todo el proceso ha sido telemático a pesar de prometerse que se daría acceso también de forma presencial, principalmente para este colectivo.

    En otra situación actual, como en el del desarrollo del Arenal, nuestros políticos nos sorprenden con un proceso de participación ciudadana, del que ya se ha comentado en un anterior escrito que de participación tiene muy poco y que, al final, será  un equipo técnico el que va finalmente vaya a proponer el proyecto a desarrollar.

    ¿Tan difícil hubiera sido que se tomara una decisión política en lo que respecta al aplazamiento de impuestos, más aún con lo dura que es la crisis para muchas familias y empresas, como se hace en muchos municipios? ¿Qué empatía tienen nuestros políticos con sus contribuyentes, cuando solo se hace caso al funcionario de turno que ni la tiene ni le importa no tenerla? ¿Por qué no se sacaron los bonos con más premura, ya que cuando realmente hacían más falta era en los duros meses de pandemia del año pasado o en el comienzo del actual? ¿Por qué se esconden detrás de los técnicos y no son valientes para acordar lo que necesita el Arenal?  Todas estas decisiones son, claramente, políticas, no técnicas, aunque para justificar el no saber o el no querer tomarlas, se opta por ”lo que dicen que los técnicos dicen”.

    Lo curioso es que no siempre se actúa de la misma manera, ya que en otras ocasiones se pasa por encima del criterio de los técnicos, como en el caso del proyecto de Sant Gregori.

    Entrando en este tema, la muy reciente sentencia del Juzgado de Castellón, en la que se da validez a las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento desde el año 2016 en la Urbanización Golf Sant Gregori, pone los puntos sobres las íes en el tema de la función y responsabilidad de los técnicos y los políticos. En la citada sentencia, el juez expone literalmente que,  a pesar de los innumerables informes en contra de los técnicos municipales, “lo determinante no es esta cuestión, sino si el criterio jurídico finalmente adoptado por el Ayuntamiento, basado en informes externos, se ajusta o no a la legalidad, no demostrándose lo contrario”. Y así, el Juzgado no duda en apoyar las actuaciones realizadas después  del pleno del mes de marzo de 2016, en el que se aprobó la rescisión de la condición de agente urbanizador a la empresa.

    Produce sorpresa el énfasis en que ahora la alcaldesa defiende ante la oposición  estas decisiones, expresando  que resolver la condición de agente urbanizador a la empresa no era la solución correcta, porque hubiese supuesto continuar el proyecto con una nueva normativa que hubiera retrasado mucho e imposibilitado avanzar en el proceso, como se indica también en la sentencia.

    Se olvida nuestra primera edila que eso es precisamente lo que ella y sus concejales  hicieron, haciendo caso omiso a la suspensión por dos años solicitada por la empresa para facilitar la llegada de un nuevo inversor. Al resolver  entonces la condición de urbanizador, se abocaba  el proyecto al punto de salida de 11 años atrás, con la aprobación del proyecto en 2005, sin que fuera válida la reparcelación de 2010 que tendría que volverse  a redactar. Y todo ello, con una nueva  normativa urbanística mucho más farragosa que la anterior, como se advertía en algunos informes que se aportaron, lo que también hace referencia la citada sentencia. Esta vuelta atrás,  añadida además  al cansancio de todos los propietarios por el transcurso del tiempo (el Programa ya llevaba por entonces más de 15 años), hubiese supuesto sin dudas el final del proyecto.

    Tuvo la suerte el equipo de gobierno de que, a pesar de esa errónea decisión, pudiese tropezar  con un inversor interesado en su continuidad, dando paso así a tomar un camino diferente, a  pesar de que  por entonces el Ayuntamiento solo tenía en mente la vía de reiniciar de nuevo  el proyecto.

    A partir de ese momento, no sin las dificultades propiciadas  desde dentro de casa, incomprensibles pero habituales desde el año 2000 en que se presentó el Proyecto, así como  por unos pocos propietarios que se consideraron perjudicados (menos del 1%), se inició el proceso de devolver la condición de agente urbanizador a la empresa, culminando en un pleno del mes de mayo de 2019, con la oposición de esos pocos vecinos, que  defendían y asumían la postura de los técnicos municipales. La demanda judicial que interpusieron hace dos años es lo que el Juez de primera instancia ha resuelto  recientemente a favor del Ayuntamiento.

    Si en un tema tan importante como Sant Gregori, el equipo de gobierno no acepta el criterio de los técnicos y adopta el suyo propio, ¿por qué en otros temas como los comentados anteriormente no hacen lo mismo? Si, como dice hasta el propio Juzgado, lo importante es la legalidad de las actuaciones, ¿por qué en unos casos sí y en otros no?

    ¿Será  que existen técnicos de primera y de segunda en el Ayuntamiento, o más bien lo que ocurre es que lo que son de primera y de segunda son nuestros políticos? ¿O quizás es que se considera que hay empresas de primera y de segunda?

    Después de más de seis años en el Ayuntamiento, ya va siendo hora de que el equipo de gobierno no se esconda detrás de los técnicos a la hora de tomar las decisiones que Burriana necesita y que demuestre en todos los casos su valentía política, no solo cuando, por lo que sea, les interese.

     Mucho ánimo en el empeño

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