La dirección general de diversidad funcional y salud mental; una dirección general pérdida en su incoherencia
La incoherencia de la dirección general de diversidad funcional y salud mental me deja perplejo por momentos, ya de por sí, es curioso que una Dirección General que entre sus competencias figura como consta en la página web de la Directora General Elena Albert Roberto: Diseñar el modelo de intervención social y residencial tanto de los centros como del concierto social de su área funcional, cuando el principio principal del movimiento estatal de vida independiente, movimiento que basa su filosofía en el concepto de diversidad funcional, no es otro que la desinstitucionalización. Por lo tanto, es curioso que una dirección general que se dedica a diseñar el modelo de intervención social residencial, utilice el término diversidad funcional, ya que al utilizarlo se está desvirtuando el principio en el que se sustenta (por muy moderno y progresista que parezca su utilización) la vida independiente.
No queda otra que volver a recordar que como bien nos explicaba Manuel Lobato (Foro Vida Independiente y Divertad): El discurso de la diversidad funcional no es un eufemismo para sustituir el de la “discapacidad”. La diversidad funcional reorienta la mirada enfocando el “funcionamiento” ante el entorno, no en la “capacidad”. Sin embargo, vemos como desde las instituciones, y en el caso de la Generalitat Valenciana habitualmente, tienden a confundir filosofías, la de la diversidad funcional basada en los derechos humanos y totalmente anticapacitista y la discapacidad basada en los principios históricos del asociacionismo tradicional basada en un modelo totalmente capacitista.
Esto, para muchas personas puede resultar un debate que no aporta mucho a las prestaciones, recursos o subvenciones que desde la dirección general que lidera Elena Albert se otorgan, pero sin embargo, sí que nos encontramos contradicciones en las subvenciones que desde dicha dirección general se ofrecen.
Y es que el desconocimiento de la realidad lleva a que nos encontremos con situaciones como la subvención que hace unos días podíamos leer, concretamente la Resolución de 28 de diciembre de 2022, de la Vicepresidencia del Consejo y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la cual se convocan para el ejercicio 2023 las subvenciones para realizar proyectos de vida independiente a través de itinerarios individualizados para personas con diversidad funcional. [2022/13008] , y que cuyos beneficiarios de la subvención, muy lejos de ser las personas con diversidad funcional van destinadas a entidades como bien podemos comprobar en la resolución:
Primero. Beneficiarios
Entidades sin ánimo de lucro que disponen de una sede central o delegación permanente en la Comunidad Valenciana, que estén inscritas en el Registro de entidades titulares de actividades de acción social, en el sector correspondiente a personas con discapacidad o diversidad funcional, y que cuentan entre sus fines sociales, recogidos expresamente en sus estatutos, con la realización de actividades a favor de las personas con cualquier tipo de diversidad funcional y/o la promoción de los derechos de las personas con discapacidad o con trastorno mental grave.
Segundo. Objeto
Subvención para la financiación de programas específicos que integran proyectos de vida independiente de personas con diversidad funcional o personas con trastorno mental grave, a través de itinerarios individualizados, dotados con servicios de apoyo y medidas complementarias que facilitan la autonomía personal y la inclusión social.
Vulnerando de esta manera los principios de la vida independiente poniendo en manos de entidades, a golpe de subvención nuestro derecho a gestionar nuestras vidas. Unos principios que como son: los derechos humanos, la autodeterminación, la auto-ayuda, el empoderamiento (la posibilidad para ejercer poder), la autodeterminación (el derecho a elegir donde, como o con quien vivir), la responsabilidad sobre la propia vida y las acciones y el derecho a asumir riesgos.
Pero la cuestión va mucho más allá, desde dicha dirección general, se hace referencia a la vida independiente de las personas con trastorno mental grave. Analicemos la cuestión, una de las figuras esenciales para poder disfrutar de una vida independiente es la persona asistente personal, para poder acceder a la prestación para asistencia personal es necesario tener reconocido un grado de dependencia. (contradiciendo a la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con “Discapacidad”), sin embargo desde la consellería no se concede dicho grado a las personas con trastorno mental grave, dado el protocolo ilógico que se utiliza para reconocer el grado de dependencia, un protocolo basado en la geriatría más que en las necesidades de las personas con diversidad funcional o trastorno de salud mental.
Por lo tanto, queda claro que desde la dirección general que lidera Elena Albert, se mezclan churras con merinas, viéndose beneficiadas entidades en lugar de destinar los recursos a quien se deberían destinar, que no son otras que las personas con diversidad funcional. Y lo que es más grave, no entiende que la vida independiente es un derecho, y que los derechos; ni se consensúan, ni se negocian, SE CUMPLEN.
