20 d’octubre de 2019 20/10/19
Per José Luis Ramos
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¿Por qué se aprueban construcciones y urbanizaciones ruinosas?

    Cuando más grande es un proyecto urbanístico, más ilusión despierta en la mayoría de personas. La razón es muy simple. La mayoría de personas identifican los grandes proyectos con nuevos puestos de trabajo. Tener la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo es uno de los objetivos más apreciados por la sociedad. Esa es la razón por la cual los grandes proyectos despiertan ilusiones desmesuradas, sin pararse a pensar, si se dispone de financiación para su construcción y afrontar los costes de su futuro funcionamiento. Si hiciéramos una lista de grandes proyectos españoles, que después de aprobados y gastar en los mismos un montón de millones de euros de las arcas públicas, ni siquiera se inició su ejecución, o se quedaron sin terminar, o una vez terminados, no se ponen en funcionamiento por falta de financiación, creo que sería de record Guinness.

    Esto me viene a la memoria, cuando oigo decir que la causa de la aprobación de alguno de los grandes proyectos de edificación o urbanización, que han resultado ruinosos, son las comisiones repartidas entre las autoridades que los aprueban. No seré yo quien niegue que haya casos que eso sea cierto. Pero estoy convencido que la principal causa por la cual se aprobaron la mayoría de proyectos, que han resultado ruinosos, se debe a dos razones. Una es que la mayoría de las autoridades que los aprueba participan de la idea, que tiene la mayoría social, que todo proyecto comporta progreso. Otra es que las autoridades, por razones electorales, se dejan arrastrar por la presión social mayoritaria en favor de los grandes proyectos. Por cierto, cuando algunos de los grandes proyectos resultan ruinosos, que nadie espere que alguna de las personas que los apoyaron, diga una sola palabra sintiéndose corresponsables. Llegados a este punto, suelen decir que todo es culpa de los políticos, que son unos corruptos que no saben gestionar. Olvidando que ellos preferían votar a los políticos que prometían grandes proyectos, y rechazaban a quienes los cuestionaban, por razones de oportunidad política o rentabilidad económica.

    Desde los años 70, para evitar urbanizaciones inacabadas por falta de financiación, la ley exige que la aprobación de los planes e instrumentos de desarrollo urbanístico cuenten con un Estudio Económico Financiero (EEF), aprobado. Sin embargo, en los pueblos del litoral valenciano, entre 1997 a 2007 hubo una carrera a ver quién aprobaba   más planes y más grandes, sin contar con el preceptivo Estudio Económico Financiero. Quienes redactaban, tramitaban y aprobaban los planes, estaban tan convencidos, que esos planes nos harían ricos a todas las personas, que pensaban que no valía la pena perder el tiempo en asegurar fuentes de financiación. Creían que era poner en marcha el proyecto, y en pocos meses las parcelas y viviendas resultantes se vendían. Con el dinero obtenido se pagaban las deudas y a disfrutar de las ganancias. Cuando las parcelas y viviendas no se vendieron con la rapidez que esperaban, se produjeron los impagados en cadena que llevo a la crisis del sector de la construcción.  El resultado es que el Banco de España estima que no se podrán recuperar los 60.613 millones de dinero público inyectada a la banca entre 2009 y 2015 para salvarla de la crisis ocasionada por los proyectos de urbanización, aprobados entre 1997 a 2007 que no se pudieron acabar por carecer de financiación.

    Nadie pueda negar que un importante número de personas tiene la ilusión de ver urbanizado el sector de Sant Gregori de Borriana. A mi entender, el Ayuntamiento como titular de las potestades urbanísticas tiene el deber de afrontar y solucionar el problema, pero exigiendo las garantías financieras para que el proyecto no se frustre, por falta de financiación. Esas garantías, cumplirían un doble objetivo. Primero, evitar frustrar la ilusión de quienes quieren ver acababa la urbanización. Segundo, evitar el cabreo de quienes tendrían que soportar los gastos que generaría para el Ayuntamiento una urbanización inacabada. Que nadie olvide que una urbanización que quede inacabada, porque los promotores se quedan sin financiación, se debe terminar con cargo al Ayuntamiento, que queda subrogado de los deberes del urbanizador. Precisamente, para evitar ese riesgo se exigen las garantías financieras.

    Así las cosas, estimo que el Ayuntamiento debería exigir que se aclare el coste real de urbanización acabada. No vale actuar con la alegría de decir que son 100 millones como dice la prensa. Por lo que yo sé el presupuesto, incluye:

    1º) El coste del proyecto de obras, siempre que no aparecen nuevos costes, es de 121 millones de euros, más IVA. Es decir, 125.840.000 €. Pero, además, los cinco conceptos siguientes que no se incluyen en el presupuesto y están sin presupuestar.

    2º) El coste de redactar, tramitar y ejecutar el proyecto de regeneración del litoral.

    3º) El coste de redactar tramitar y ejecutar el proyecto expropiación y obra de la carretera que debe conectar la urbanización con la carretera Almazora.

    4º) El coste de las mejoras prometidas como la construcción de una pasarela y un puente sobre El Clot, así como la rehabilitación de la Ermita de Sant Gregori.

    5º) El coste de la red exterior de suministro de agua potable, gas, electricidad, a la urbanización.

    6º) El coste de conectar con la red de aguas residuales de la población, las aguas residuales de la urbanización para que lleguen a la depuradora, o el de su propia depuradora.

    A mi entender, mientras no se tenga, y no consta que lo tengan, los convenios con las empresas suministradoras de los servicios urbanos, donde se especifique el coste concreto de la red exterior de suministro de agua, gas y electricidad, no se sabrá el coste real de la urbanización. Estimo que sería una irresponsabilidad iniciar la ejecución de la urbanización, sin antes averiguar el coste total de la urbanización, así como no exigir el EEF con unas garantías financieras equivalentes al coste real, para evitar cualquier fracaso, que, a buen seguro, nadie quiere. No sé lo que pueden costar todos los trabajos señalados que están sin presupuestar, pero mientras no vea los presupuestos aprobados, pensaré que están más cerca, de los 70 millones de €, que lejos Por lo que es más realista, hablar de un coste de 200 que de 100 millones.

     

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