Presentan en Alicante la primera querella por niños robados durante la dictadura
Una mujer denuncia la desaparición de su hermana melliza en 1962
Este 23 de febrero se ha presentado ante los juzgados de Instrucción de Alicante la primera querella criminal de toda España por el robo de bebés en los tiempos de la dictadura.
La querella la ha presentado una mujer que busca a su hermana por los delitos de detención ilegal, secuestro con desaparición, falsedad y crimen de desaparición forzada, todo ello en un contexto de crímenes contra la humanidad, interpuesta por María José Picó debido a la desaparición de su hermana melliza en marzo de 1962 en el Hospital General de Alicante.
Los padres nunca vieron el cuerpo de la niña supuestamente fallecida, según explican los afectados. En 2012 y 2013, dentro de la investigación realizada por la Fiscalía de Alicante, se realizaron sendas exhumaciones y en ninguna de las dos ocasiones se encontraron restos que, una vez realizados los análisis de ADN, tuvieran coincidencia genética con la familia. A pesar de esta evidencia, el caso fue archivado.
El crimen que es objeto de denuncia se contextualiza en el ‘robo de bebés’ que tuvo lugar en algunos centros hospitalarios durante toda la dictadura franquista. Según explican los querellantes, los bebés desaparecían de los centros hospitalarios a los que iban las embarazadas, a quienes se les decía que su hija o hijo había muerto para dárselos a familias adineradas o adictas al régimen.
La participación del Estado se produce, dependiendo del momento histórico, bien directamente bien mediante el consentimiento, la ocultación, apoyo y aquiescencia al posibilitar la continuidad haciendo caso omiso de los crímenes, lo cual se refleja en las escasísimas investigaciones de estos casos o, cuando las ha habido, en la ausencia de la debida diligencia, explican los querellantes.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reiterado en numerosas ocasiones al Estado español la necesidad de investigar de manera exhaustiva estos crímenes y recuerda que el propio Parlamento Europeo emitió un Informe en noviembre de 2017 con 31 recomendaciones para hacer efectiva la labor que tiene que realizar el Estado español, una labor que todavía hoy está por hacer.
Desde CEAQUA explican que siguen interpelando a los Jueces y Magistrados españoles para que investiguen y enjuicien los crímenes del franquismo poniendo fin a la política de impunidad que han mantenido hasta la fecha y aplicando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional.
"Ginecólogos, obstetras, enfermeras (religiosas o no), párrocos, funcionarios de distintos sectores y mujeres de la élite que regentaban pisos de jóvenes embarazadas son algunas de las figuras que se arrogaron el derecho de decidir qué familias eran óptimas para criar bebés, sabiéndose impunemente protegidas por el silencio cómplice, el consentimiento, la aquiescencia y, al menos en algunos casos, la colaboración activa del Estado franquista, régimen criminal por excelencia", indican.
