El Ayuntamiento traslada a sus servicios jurídicos las reclamaciones presentadas por la nulidad del Plan Rabassa
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha dado orden de trasladar a la asesoría jurídica municipal y a los servicios jurídicos de la concejalía de Urbanismo las siete reclamaciones de responsabilidad patrimonial y de indemnización que fueron presentadas en el registro municipal el pasado día 10 de junio por los supuestos daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad tanto del Programa y Plan Parcial del sector "Las Lagunas de Rabassa", así como de la adjudicación como agente urbanizador de dicho Programa a la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, hoy Alicante Avanza, la promotora de la ATE que contempla un macrocentro comercial con tienda de Ikea en Rabassa y que el pasado 9 de junio solicitó el desistimiento y archivo de dicha ATE.
Las siete reclamaciones se dirigen de forma conjunta contra el Ayuntamiento y la Generalitat y suman un importe global de 20,4 millones repartidos del siguiente modo: 11,27 millones son reclamados por Viviendas Sociales del Mediterráneo SL - hoy Alicante Avanza SL -, 6,77 millones por la mercantil Urbanika Proyectos Urbanos SL, 1,49 millones por Cerámica La Florida SL, 625.000 euros por Valle Levante SL, 246.000 euros por Ortiz Desarrollos Urbanísticos SL, 22.000 euros por Camservi Obras y Servicios SL y 4.200 euros por Nuevo Garbinet SL.
Desde el equipo de gobierno se ha señalado que un equipo jurídico integrado por miembros de la asesoría jurídica municipal y de la Concejalía de Urbanismo estudiará en detalle el contenido de las reclamaciones, que serán resueltas en los plazos legales previstos - seis meses que podrían ampliarse a otros seis meses - anteponiendo en todo momento la defensa de los intereses municipales y del interés general de la ciudad frente a las pretensiones de empresas, en su mayoría vinculadas al confeso financiador ilegal del PP, Enrique Ortiz, que promovieron un plan aprobado por el PP local y autonómico en la época de Alperi, Castedo y Camps. Un plan especulativo e insostenible que fue tumbado en los tribunales gracias a los recursos interpuestos por distintos actores sociales y políticos de la ciudad.
