Llopis: “Es inadmisible que Urbanismo no haga cumplir sus propias órdenes de derribo"
El portavoz y concejal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Alicante además de candidato a la alcaldía, Fernando Llopis, ha declarado que “es inadmisible que los técnicos municipales y la Concejalía de Urbanismo no actúen para hacer cumplir sus propias ordenes de derribo, hay una clara dejación de sus funciones y así lo denunciamos públicamente en mayo de 2014. Ahora un juez ha admitido a trámite la querella presentada por los vecinos afectados”. Se trata una construcción anexa al edificio Torre Deon Juan, situado en la Av. Países Escandinavos con la Av. Costa Blanca en la Playa de San Juan.
UPyD destaca que el juez de instrucción número 9 de Alicante ha estimado oportuno admitir a trámite una querella criminal contra la Concejala de Urbanismo, Marta García Romeu, y el jefe de servicio de Control Urbanístico y Ambiental del Ayuntamiento de Alicante. El concejal de UPyD ha subrayado que “el auto indica que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito de prevaricación urbanística y la querella reúne los requisitos para su admisión a trámite”.
La formación progresista indica que los vecinos llevan reclamando desde el hace mucho tiempo en 2012 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declaró ilegal la construcción. Llopis ha apostillado que “sin embargo el consistorio ha hecho caso omiso de esa sentencia, ha incumplido sistemáticamente sus propios decretos de demolición para restaurar la legalidad urbanística, como el dictado en febrero de 2013, y la propia Ley Urbanística que estable que es una competencia irrenunciable y de inexcusable del Ayuntamiento”.
UPyD destaca que cada vez vemos más a menudo la forma de actuar arbitraria de la Concejalía de Urbanismo. El edil de UPyD ha remarcado que “en lugar de optar por una organización técnica que se rige por igualdad, mérito y capacidad, se busca jefes serviles que siguen los dictados, lo que provoca actuaciones arbitrarias por parte de la administración y que pueden causar un perjuicio a todos los ciudadanos de Alicante en indemnizaciones”.
El partido recuerda que si es imputada Marta García Romeu por un delito de prevaricación exigirá su inmediata dimisión así como que los funcionarios implicados sean apartados de las funciones por las que se les acusara.
