Justicia habilita de urgencia unas instalaciones para los dos nuevos jueces de lo Penal de Alicante
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha iniciado los trámites para habilitar, con carácter urgente, unas instalaciones en el Palacio de Justicia de Alicante a fin de poder albergar los dos nuevos jueces de refuerzo destinados a la jurisdicción de lo Penal.
El proyecto tiene por objetivo reformar un espacio de 105 metros cuadrados mediante una serie de obras menores de traslado de tabiquería, renovación de mobiliario e instalaciones y se realizará por el procedimiento de urgencia y contratos menores a fin de acelerar las obras lo máximo posible. El coste de la intervención rondará los 30.000 euros, aproximadamente.
La razón de la premura en las actuaciones de la Dirección General de Justicia es dar respuesta a la solicitud de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que, en una sesión del pasado mes de diciembre, acordó la adopción de un plan de choque para reducir la carga de trabajo de los juzgados de lo Penal de Alicante.
Por ese mismo motivo, se procedió también al nombramiento de dos magistrados del cuarto turno así como un letrado de la Administración de Justicia. En este sentido, la Conselleria de Justicia ya ha iniciado los trámites para dotar a los dos jueces que dirigirán las nuevas unidades del refuerzo del personal necesario para desempeñar su labor. Así, se contratará un gestor, dos tramitadores procesales y un auxilio judicial que reforzarán la dotación actual de funcionarios autonómicos de la jurisdicción penal del partido judicial alicantino.
Dado el corto espacio de tiempo transcurrido desde la solicitud de la Sala de Gobierno del TSJ, la Conselleria de Justicia ha optado por el procedimiento de urgencia para habilitar los espacios disponibles en el interior del inmueble.
Cabe recordar que el Palacio de Justicia de Alicante -sito en el barrio de Benalúa- tiene una protección parcial al estar incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General del Ayuntamiento de Alicante. El inmueble es un edificio construido entre 1897 y 1900, que se utilizó como prisión (en él murió el poeta Miguel Hernández en marzo de 1942) hasta los años 60 y que, pese a la reforma llevada a cabo en 1985 para convertirlo en una instalación judicial, se ha quedado pequeño.
Mientras tanto, los trámites para dotar a Alicante de unas instalaciones judiciales dignas continúan avanzando pues se ha sacado a licitación la redacción de los proyectos para dotar a la capital alicantina de un "barrio de la justicia" en el que confluirán, en tres edificios, todas las dependencias judiciales del principal partido judicial de la provincia. El proyecto consiste en la construcción de un nuevo edificio y la rehabilitación de los juzgados de Benalúa y contará con un presupuesto de unos 20 millones de euros.
La iniciativa contempla la rehabilitación integral de Benalúa y la construcción de otro inmueble que se ubicará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Alicante en la avenida Aguilera de forma que se creará un nodo de instalaciones judiciales con la antigua prisión en el centro, el edificio de la calle Pardo Gimeno al sur y el nuevo inmueble al norte.
Según el proyecto, cuyo inicio de obras está previsto para el 2019, el edificio de Pardo Gimeno asumiría los juzgados de lo contencioso y de lo social; Benalúa acogería toda la jurisdicción penal y la construcción de nueva planta sería la sede de Fiscalía, la jurisdicción civil, los juzgados de menores, los calabozos y el Instituto de Medicina Legal.
