La investigación de los técnicos municipales confirma el acceso desde ordenadores de Ciudadanos a cuentas de correo del equipo de gobierno

La concejal de Nuevas Tecnologías, María Dolores Padilla, ha dado cuenta hoy de la investigación abierta a raíz de detectarse un fallo de seguridad en los correos electrónicos oficiales del Ayuntamiento de Alicante. Los detalles sobre esta investigación, todavía en curso, se han trasladado a los portavoces de los distintos grupos municipales.

Según el relato ofrecido por la edil Padilla en lo referido a los accesos externos, es decir desde fuera de la red municipal, si nos atenemos a accesos a buzones sensibles, que son concejales y asesores de todos los grupos y a falta de investigar algunas IP -direcciones que identifican cada dispositivo-, "podemos decir que no hay ningún acceso externo que haya entrado e intentado entrar a correos sensibles. Como decimos, siempre pendiente de terminar la investigación de las Ips".

En lo referido a accesos internos, Padilla ha explicado que "se han verificado todas las cuentas sensibles (concejales y asesores) y aparecen los accesos, desde el ordenador del asesor de Ciudadanos Miguel Ángel Sánchez Gregorio, que accede a varios buzones de usuarios de Ciudadanos, y también al buzón de Vicente López, el día 20 de febrero a las 9:49h. Y además el asesor de Ciudadanos Antonio Zardoya Zardoya accede al buzón del jefe del Gabinete de Alcaldía, Vicente López el 20 de febrero a las 10:20 horas y al de la concejal de Comercio, Sanidad y Deportes, Marisa Gayo, el mismo día a las 10:22 horas".

De la misma investigación se desprende que "el concejal de Ciudadanos, Juan Francisco Escudero, accede a su ordenador del Ayuntamiento de Alicante a las 9:42horas, pero, al contrario de lo manifestado por el edil en día anteriores, no consta ningún acceso de Escudero a las 8:30 horas de la mañana del día 20 a su propio ordenador. No se logea (introduce la clave de acceso personal) en su ordenador hasta las 9:42 horas, según nuestros datos hasta el momento".

Continuando con la explicación sobre la investigación abierta detallada por Padilla "el concejal de Ciudadanos llama el jefe de informática a las 9:51 del 20 de febrero para decirle que quiere verle y acude al departamento de Informática". El edil Escudero afirma ante el responsable técnico "antes de las 10:00 horas que se podía acceder a los correos de los concejales y de los asesores con la contraseña "Alicante". No consta que el edil haya accedido o haya intentado acceder a cuentas diferentes a la suya, al menos desde su ordenador". Según la edil, "sí se verifica un intento de acceso a la cuenta del alcalde, Luis Barcala, por parte del asesor de Ciudadanos, Miguel Ángel Sánchez Gregorio, el 20 de febrero a las 9:47 horas. Es el primer acceso que intentan del gobierno municipal".

Dentro de las comprobaciones que se han hecho hasta este momento no se ha detectado ningún otro acceso a concejales del gobierno y de la oposición, así como asesores. No obstante, la investigación continúa porque se van a comprobar los intentos de acceso a otros concejales desde ordenadores externos.

La responsable de Nuevas Tecnología ha señalado que "también podemos certificar que ni el PP ni el resto de grupos de la oposición ha entrado en el resto de cuentas de concejales y asesores, excepto los asesores antes mencionados del grupo Ciudadanos".

El equipo de gobierno municipal ha comunicado que hoy antes de las 15:00h "vamos a poner este caso en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos. Eso no quiere decir que le demos el informe completo, sino que le aportaremos todos los datos disponibles. Confiamos en cerrar toda la investigación la semana que viene. Los implicados podrían haber cometido un presunto delito contemplado en el Código Penal con hasta con una pena máxima de 6 años de prisión".

La edil ha explicado que a raíz de la investigación realizada "se abren dos escenarios distintos: por un lado, las acciones y actuaciones que adopte la Agencia Española de Protección de Datos (el Ayuntamiento está obligado a seguir un protocolo muy estricto en cuanto a información y plazos y la agencia local tiene su propio protocolo de actuación); y por otro lado, las acciones de todo orden, penal incluido, que el propio Ayuntamiento y las personas afectadas por esta intromisión puedan ejercitar".

En cualquier caso, según Padilla, "todo ello queda supeditado al resultado de la investigación en curso y que muy probablemente se podría concluir a lo largo de la próxima semana".

La obligación de dar cuenta a la agencia viene derivada de la comisión de una falta muy grave. Es decir, que no denunciar los hechos constituye una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Motivo por el cual el protocolo municipal implica dar cuenta de cualquier violación del sistema informático.