El equipo de Gobierno propondrá al pleno municipal que reclame el restablecimiento del Derecho Foral Valenciano
Propone instar al Congreso de los Diputados y a las Corts a que hagan los cambios legislativos necesarios
Los Grupos Municipales integrados en el equipo de Gobierno –PSOE, Guanyar y Compromís--del Ayuntamiento de Alicante presentarán el próximo 28 de julio al Pleno una Declaración Institucional para instar al Congreso de los Diputados y a las Corts Valencianes a que realicen las modificaciones legislativas necesarias para restablecer los Derechos Forales Valencianos.
En el escrito que se elevará al Pleno se recuerda que los procesos centralizadores llevados a cabo a lo largo de la historia, han sido “muy poco de integradores, y la abolición foral valenciana es un buen ejemplo de ello”.
“Con esta reivindicación a la que nos sumamos no atentamos contra la necesaria convergencia de los ordenamientos civiles en torno a unos principios propios de la vida y de las sociedad modernas, perfectamente compatible con la diversidad de ordenamientos, sino que nos alzamos contra las imposiciones uniformadoras que lastran las aspiraciones legítimas de la ciudadanía, en nombre de una uniformidad y de una unidad que ni existe ni existirá, ya que Navarra, Aragón, Euskadi, Galicia, Cataluña y las Islas Baleares tienen normas de derecho civil propio diferentes a las previstas en el Código Civil”, explica el portavoz del equipo de Gobierno, Natxo Bellido.
La Declaración Institucional también recuerda que “el pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcial o totalmente los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno Central contra las leyes que, al amparo de la Ley Orgánica 1/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía, fueron aprobadas por las Corts Valencianes para restablecer los derechos forales que en otras comunidades ya disfrutan, por considerar que sobrepasa el margen de competencia que la constitución atribuye a las comunidades autónomas”.
“Cuando un Estado democrático, a través de sus más altas instancias jurídicas, pretende expulsar del orden constitucional una reivindicación legítima que ha cristalizado en un Estatuto compartido y no impugnado, la adecuación a la Constitución es perfectamente defendible y la ciudadanía debe alzar la voz”, añade el escrito.
“La lealtad constitucional no implica la pérdida del derecho a la crítica ni a la discrepancia, y en la medida en que los instrumentos del Derecho se han torcido sin conseguir los frutos esperados, creando un problema donde se había abierto una vía de solución, debemos de pedir a nuestras instituciones que la política componga lo que el Derecho y sus instrumentos de interpretación y aplicación han sido incapaces de evitar”, concluye la citada Declaración Institucional.
