Compromís insta a Barcala que haga cumplir la Ley y corte cualquier acoso ante clínicas de interrupción del embarazo
Sara Llobell: “Hemos detectado la presencia de grupos religiosos y 'provida' en el centro de la ciudad de Alicante ante clínicas donde se practican interrupciones del embarazo y se producen actos coactivos que afectan a la libertad de las mujeres”
La coalición recuerda al Ayuntamiento que la ley ampara a las mujeres que deseen acceder a la información sobre derechos reproductivos y penaliza a personas o movimientos que pretendan obstaculizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus derechos
Compromís per Alacant insta al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que vigile y garantice el cumplimiento de la ley sobre derechos reproductivos de las mujeres y detenga cualquier acoso ante hospitales o clínicas ginecológicas privadas a aquellas mujeres que quieran acceder a tratamientos de interrupción del embarazo. La concejala Sara LLobell ha explicado que la coalición ha detectado “la presencia de grupos religiosos y 'provida' en el centro de la ciudad de Alicante ante clínicas donde se practican interrupciones del embarazo y donde están produciéndose actos coactivos que afectan a la libertad de las mujeres.”
Llobell ha denunciado que en los últimos meses ha sido muy visible la presencia de mujeres orando ante una clínica ginecológica en el centro de la ciudad o llevando carteles con mensajes de los movimientos 'provida'. “En Alicante vivimos un claro retroceso de los derechos de las mujeres como nunca habíamos visto. Si hace tres meses PP y VOX anunciaban un acuerdo presupuestario para una oficina antiabortista en la ciudad -a todas luces, ilegal-, ya podemos comprobar cómo este tipo de discurso al final no supone una mejora de la vida de las mujeres, por el contrario”, ha considerado Llobell, “intensifica a aquellos movimientos contrarios al feminismo ya la igualdad”.
"Tenemos un gobierno de la ciudad que obvia la ley, desdibuja y ataca intencionadamente a la vez todo lo conseguido en la lucha por los derechos de las mujeres", ha afirmado la concejala, quien ha recordado que, en este caso, "políticas como las impulsadas por PP y VOX incitan a actitudes que la ley penaliza de acuerdo al artículo 172 de la Ley Orgánica 10/1995, modificada hace dos años por el Gobierno de España". Llobell recordó que en el departamento sanitario donde está ubicado Alicante, el hospital de referencia, la plantilla de ginecólogos y ginecólogas se considera en su totalidad objetores de conciencia, situación que obliga a las alicantinas a acudir sin remedio alguno a clínicas privadas".
«Artículo 172.
- Lo que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosara a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.
- Las mismas penas se impondrán a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosara a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo.
- Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.
- Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.
- En la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal.»
