El Ayuntamiento de Alicante reclama la retirada de la reforma del CGPJ que impulsa el Gobierno por atentar contra la separación de poderes
La declaración institucional aprobada en el Pleno considera que usurpa a los jueces la elección de los vocales y concentra el poder en el Ejecutivo central
El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado a propuesta de los grupos municipales que integran el equipo de gobierno municipal, Populares y Ciudadanos, una declaración institucional por la que se exige al Gobierno de España y a los partidos que lo integran, PSOE y Ciudadanos, la retirada inmediata propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) presentada el 13 de octubre y que es una copia de la aplicada por la dictadura bolivariana de Manuel Chávez en Venezuela para controlar a los jueces.
La declaración ha salido adelante con los 16 votos de Populares (9), C's (5) y Vox (2), y con la oposición de los 13 votos en contra de PSOE (9), Unidas Podemos (2) y Compromís (2).
En la declaración institucional se considera que la iniciativa gubernamental atenta contra la separación de poderes amparada por la Constitución al usurpar a los jueces la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y concentrar el poder en el Gobierno.
Al mismo tiempo, solicita que se tramite la modificación legal propuesta por el Partido Popular que establece que los vocales del CGPJ de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces, no por las Cámaras ni los partidos políticos.
Además, también propone la propuesta popular instaurar que las asambleas legislativas autonómicas no podrán designar vocales en los Tribunales Superiores de Justicia y fomenta la imparcialidad de la Fiscalía al impedir que acceda al cargo todo aquel que haya desempeñado un cargo político -como ha ocurrido con la Fiscal General, Dolores Delgado, tras dejar el ministerio- o de confianza política en los últimos 10 años, entre otras medidas para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes.
La iniciativa suscrita por las portavoces del Grupo Popular y Ciudadanos, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, respectivamente, señala que “el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pretende instaurar un nuevo régimen muy parecido a la dictadura bolivariana de Venezuela, ya que esta reforma copia la que, en el año 2004, realizó Hugo Chávez para hacerse con el control de los jueces venezolanos”: También establece una comparación similar con la reforma judicial promovida en Polonia en un intento de controlar a los jueces de dicho país.
En la declaración se resalta que “esta reforma del Gobierno es contraria a los principios democráticos inspiradores también de la Unión Europea”.
“Por si la degradación institucional e involución democrática que representa esta reforma no fueran hecho suficientemente transcendentales, presentar esta propuesta en un momento en el que se están negociando los fondos europeos de reconstrucción supone una grave irresponsabilidad”, añade la declaración institucional, quien advierte que “hace peligrar que nuestro país reciba estos fondos que son imprescindibles para garantizar la recuperación del empleo y de la economía españolas”.
Independencia judicial al traste
La declaración institucional relaciona como el nuevo procedimiento de elección de los vocales del CGPJ que propone el Gobierno de coalición PSOE – Unidas Podemos implica rebajar la mayoría cualificada para designar a 12 de los 20 miembros del Consejo, los 12 de procedencia judicial, pasando de los tres quintos de las Cámaras (Congreso y Senado) a mayoría absoluta.
Una reforma que según se señala en la declaración “supone un ataque frontal a la Constitución, base de nuestro Estado de Derecho, y a la separación de poderes e independencia judicial que definen a toda democracia, institucionaliza el control de los jueces por parte del Gobierno y vulnera el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea al romper el compromiso democrático, alejándonos de los países más avanzados de Europa”.
