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La alcaldesa de Alicante firma la adhesión al convenio de creación del fondo social de viviendas

  • El Ayuntamiento de Alicante solicita ser entidad colaboradora en el Fondo Social de Viviendas en alquiler

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha firmado hoy, miércoles 23 de enero, la adhesión al convenio del Fondo Social de Viviendas. Este convenio, que fue firmado en Madrid el pasado 17 de enero entre los Ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito, posibilitará la puesta a disposición de 5.891 viviendas repartidas por el territorio español que podrán ser alquiladas por familias afectadas por expedientes de desahucio en situación de vulnerabilidad. Con la firma del convenio por parte de la primera edil, Alicante encabeza la adhesión a la iniciativa social.

El Ayuntamiento de Alicante, una vez que tenga estatus de entidad colaboradora, podrá informar sobre las condiciones de las personas afectadas para constatar que cumplen las condiciones de vulnerabilidad fijadas en el convenio estatal, como requisito previo al alquiler de una de las viviendas a precios moderados. El pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó en diciembre, en una moción conjunta de los cuatro grupos políticos que lo integran, crear una estructura que dé respuesta a las personas que sufren un proceso de desahucio y evitar que queden desprotegidas. La firma de la adhesión es uno más de los pasos en este sentido, que hoy ha dado la alcaldesa de Alicante, y al que seguirán otros como la creación de una oficina de asesoramiento al ciudadano sobre este aspecto, la creación de una oficina de intermediación municipal para dar respuesta específica a las personas afectadas por desahucios o la creación de una comisión no permanente de desahucios en la que estarán representados los distintos partidos políticos.

La adhesión al convenio estatal ha de pasar por Junta de Gobierno Local para ser remitida a la Federación Española de Municipios y Provincias, cuya comisión de coordinación y seguimiento del convenio otorga en un plazo aproximado de 15 días el sello de entidad colaboradora.

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