El Síndic de Greuges da la razón a EUPV y resuelve que EMIVASA debe tener un portal de transparencia
Rosa Albert: "Ahora, le corresponde al gobierno municipal demostrar que no está a merced de los intereses de unas pocas manos frente al interés general de la ciudadanía”
El Síndic de Greuges se ha pronunciado ante la queja presentada por EUPV València ciutat, y ha dado la razón a la organización de izquierdas recomendando al Ayuntamiento la publicación de la información relativa a los contratos y convenios suscritos con las Administraciones públicas y el detalle de las subvenciones públicas percibidas anualmente así como la creación un portal de transparencia en la página web de EMIVASA para mejorar la gestión del servicio público de suministro de agua potable.
En ese sentido, la coordinadora de Esquerra Unida en València, Rosa Albert, ha reclamado hoy al gobierno municipal que adopte las medidas necesarias para que la empresa mixta EMIVASA –participada por el Ayuntamiento de Valencia y Global Omnium para la gestión del servicio público de suministro de agua– cumpla con la Ley y ofrezca un Portal de Transparencia con la correspondiente publicación de toda la información sobre actividad, contratos y servicios. “Consideramos este pequeño paso como un triunfo de la transparencia frente a la opacidad de las grandes entidades privadas. Ahora, le corresponde al gobierno municipal demostrar que no está a merced de los intereses de unas pocas manos frente al interés general de la ciudadanía. Defender la transparencia de algo tan fundamental como el agua es una obligación, es defender lo público”, ha dicho Rosa Albert.
La coordinadora de Esquerra Unida en la ciudad ha lamentado además que el Ayuntamiento remitiera como primera respuesta al Síndic un informe de EMIVASA esquivando la obligación de cumplir la Ley aludiendo al hecho de ser una empresa mixta pero participada mayoritariamente por capital privado. Tal y como recoge el informe del Síndic de Greuges, las entidades privadas, como en este caso, EMIVASA, tienen que cumplir las obligaciones establecidas en la legislación básica si perciben durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
“Es importante destacar además –ha añadido la coordinadora de EUPV València– que, como indica el Síndic de Greuges, tanto la Ley de transparencia estatal y la Ley autonómica valenciana no impiden o prohíben que las empresas mixtas con participación pública inferior al 51% tengan voluntariamente un portal de transparencia en el que, además de detallar las subvenciones públicas recibidas y los contratos y convenios firmados con una Administración pública, puedan ampliar la información que consideren interesante o necesaria para el conjunto de la ciudadanía y las personas usuarias, ya que se trata de empresas que gestionan un servicio público esencial y de vital importancia, como es el servicio de suministro de agua potable. Por eso instamos al gobierno municipal a aceptar la recomendación del Síndic y hacer efectivo el portal de transparencia de EMIVASA”.
La queja ante el Síndic de Greuges la presentó EUPV en el mes de julio, después de que unos meses antes la organización de izquierdas alertara públicamente sobre el incumplimiento de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Rosa Albert ha recordado que “mientras no se lleve a cabo la remunicipalización de un servicio básico como éste, como mínimo hay que exigir un portal de transparencia a la empresa responsable de la gestión y suministro en la ciudad. Además de por transparencia, también las valencianas y valencianos tenemos todo el derecho a conocer cuánto se está dejando de invertir en políticas sociales por seguir manteniendo en manos privadas este servicio”. “Es necesario mantener una postura vigilante y fiscalizadora ante las empresas con participación pública y, habiendo una Ley que establece esos mecanismos de control, como mínimo hay que exigir su cumplimiento inmediato”, ha añadido.
Garantía del mínimo vital
Asimismo, Rosa Albert ha hecho referencia a la denominada garantía del mínimo vital recordando que "el derecho al agua debería quedar garantizado para las personas que económica y socialmente se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que puedan recibir de forma gratuita un suministro mínimo de agua que cubra sus necesidades básicas para vivir dignamente". También, ha finalizado Albert, "deben prohibirse expresamente los cortes del suministro por impagos en estas situaciones, un aspecto que ha sido olvidado en la aprobación de la nueva ordenanza del agua y además sigue sin asignarse realmente una partida social por parte del Ayuntamiento para cubrir los impagos".
