Dos sentencias del Supremo anulan el intento municipal por rebajar el precio de las expropiaciones

El concejal socialista Vicent Sarrià ha denunciado hoy en el debate de la sesión plenaria las consecuencias nefastas que han tenido para las arcas municipales la permanente negativa del Gobierno Municipal a delimitar Unidades de Ejecución en suelo urbano para que los promotores cedieran la parte de suelo dotacional correspondiente y evitar las expropiaciones, que han supuesto un desembolso en estos 24 años de unos 600 millones de euros.

El debate se ha producido al dar cuenta al Pleno de la Sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2014 que no aceptaba el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia 690 del TSJCV de 15 de junio de 2002, con imposición además de costas, entre otros motivos porque para el cálculo de esta edificabilidad media computa la superficie de suelo dotacional ya existente afectado a su destino.

La sentencia 690 del TSJCV declaraba contraria a derecho la modificación puntual del PGOU aprobada definitivamente por resolución de la Consellería de Territorio del 30 de septiembre de 2008 (DOGV del 26/02/2009) que establecía el cálculo para la edificabilidad media en áreas urbanísticamente homogéneas en suelo urbano consolidado, con la que se pretendía establecer unas edificabilidades medias en las que ajustar el cálculo de las expropiaciones de suelo dotacional.

Esta es la segunda sentencia del Tribunal Supremo sobre el mismo tema, ya que el Gobierno Municipal también recurrió el artículo 21 del Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo (RD 1492/2011 del 24 de octubre), con argumentos similares a los establecidos en la modificación del PGOU del cálculo de edificabilidad media en áreas urbanísticamente homogéneas en suelo urbano consolidado, siendo condenado en costas de 10.000 euros. (Se adjunta nota sobre dicha sentencia de 2013).

El concejal socialista ha lamentado una vez más la acumulación de sentencias contrarias por las malas prácticas urbanísticas que sitúan la gestión pública de la Alcaldesa en materia de urbanismo “en un permanente estado de sospecha”. Sentencias que han anulado planeamiento y adjudicaciones de Programas de Actuación Integrada por vulnerar la Ley de Contratos del Estado; por ausencia de transparencia; por no seguir los procedimientos de los concursos públicos o por incumplir la normativa ambiental. Algunas incluso teniendo que plantear a los tribunales la imposibilidad de inejecución de sentencias porque ya están las viviendas construidas y no se puede cumplir.

Hablamos además de estas sentencias, de los sectores urbanizables de Orriols; Quatre Carreres; Patraix; Massarrojos; los PAIs de Camino Moncada, Guillem Anglesola y un largo etcétera. Expedientes todos ellos en definitiva mal tramitados y no ajustados a derecho.

Sarrià ha recordado que el PGOU que entró en vigor en enero de 1989 es un documento de planeamiento, y la gestión urbanística ha correspondido en estos 24 años al Partido Popular, quién debía haber delimitado las Unidades de Ejecución para gestionar la adquisición del suelo dotacional para jardines, colegios o equipamientos, sobre todo a partir de la entrada en vigor de la LRAU en noviembre de 1994 y la gestión a través de Programas de Actuación Integrada.

“En más de un centenar de ocasiones hemos planteado en la Comisión de Urbanismo la delimitación de estas Unidades de Ejecución para ámbitos concretos” y siempre han sido negadas por el Partido Popular que ha preferido continuar con las expropiaciones con el nefasto resultado económico conocido” ha comentado Sarrià, quien ha lamentado que “desde 1991 el Ayuntamiento haya realizado más de 200 modificaciones al PGOU, en la mayoría de los casos perjudicando las previsiones del plan, incluso con recalificaciones de huerta como en la ZAL o en el sector de Sociópolis, o destruyendo patrimonio como en el caso de la Tabacalera, y nunca haya aceptado esta delimitación de unidades que hubieran introducido racionalidad en el urbanismo de la ciudad y limitado las plusvalías privadas en beneficio de las arcas municipales”

“Es curioso que últimamente la gran mayoría de las expropiaciones sean para pagar suelo dotacional a mercantiles privadas o promotores que hubieran tenido que cederlo gratuitamente si el Ayuntamiento hubiera delimitado las Unidades de Ejecución en tiempo y forma” ha comentado Sarrià, que ha recordado que “en estos 24 años se han construido en suelo urbano más de 50.000 viviendas con incrementos anuales de precio cinco veces superior al IPC, sin que los promotores cedieran la parte de suelo dotacional correspondiente por la negligencia municipal que ha dejado la gestión del urbanismo en manos privadas”

El Gobierno Municipal del PP siempre ha sido consciente de esta necesidad que le hemos planteado en más de un centenar de ocasiones, pero además el anterior Gobierno Socialista las aplicó en el primer planeamiento de desarrollo del PGOU aprobado, luego es evidente que no había ignorancia sino una nefasta práctica urbanística que ha beneficiado intereses privados.

Efectivamente, “El Gobierno Municipal Socialista aprobó definitivamente a principios de 1991 el PEPRI del Carmen con las correspondientes Unidades de Ejecución, y todas aquellas que no formaban parte de los convenios RIVA fueron anuladas posteriormente por el entonces delegado de Urbanismo Miguel Domínguez” ha manifestado Sarrià, quien ha recordado que “incluso entre las previstas en los convenios RIVA como la UA-22 de la Calle LLiria/Guillem de Castro para ejecutar por la Generalitat se ha entregado a la iniciativa privada y aún permanece con edificaciones en ruina y sin ejecutar.