Cs pide a los responsables del Plan Cabanyal más control de las cuentas de la sociedad y facilitar el trabajo a los auditores

El concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Narciso Estellés, ha instado a los responsables de la entidad Plan Cabanyal-Canyamelar, tras la Junta General del Plan Cabanyal, celebrada hoy, a tener más control de las cuentas y facilitar al máximo la labor de la empresa encargada de la auditoría de cuentas de 2019, para que termine su trabajo, además ha emplazado a agilizar los trámites para aprobar las de 2018.

Narciso Estellés, ha explicado que “el informe de la empresa auditora es muy claro en sus manifestaciones del documento firmado el 4 de agosto, fecha en la cual quienes firman el escrito seguían sin recibir la carta de la dirección de Plan Cabanyal sobre su responsabilidad en las cuentas anuales y la veracidad de activos y pasivos”. “La documentación les ha llegado después a los auditores, pero se les debe facilitar su trabajo, porque la consecuencia de esto es que se va a tener que repetir la reunión de la sociedad", ha añadido.

“Los auditores no han podido evaluar con celeridad las consecuencias de la alarma sanitaria sobre la continuidad de la sociedad, ni han tenido respuesta a su petición de objetividad de los expertos independientes contratados en su día para tasar los 37 inmuebles, de los cuales 10 se hicieron en 2018 y el resto en 2019. Ahora esperamos analizar de una vez la auditoria”, ha afirmado el edil Narciso Estellés.

El concejal de Cs ha comentado que “los administradores del Plan Cabanyal no facilitaron a los auditores la propuesta de aplicación del resultado, con lo cual era imposible evaluar e informar sobre su concordancia en las cuentas anuales”. “Esto es una situación anormal. Cuando se encarga una auditoria se debe facilitar el trabajo a los auditores pero, en este caso no ha sido así”, ha añadido.

Por otro lado, el concejal naranja ha denunciado que la Generalitat ha comunicado que no va a hacer frente a su obligación de abonar 4,8 millones de euros de una subvención concedida en 2010 y de cuya cuantía ya se abonó un millón de euros. “En el consejo de junio preguntamos por esta cuestión y la presidenta nos contestó que estaba realizándose un estudio jurídico para ver si la deuda era reclamable, o no, antes de iniciar cualquier otra acción. Sin embargo, ahora conocemos que la Vicepresidencia Segunda del Consell y de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática en un informe reciente no reconoce la obligación del pago. Vamos a pedir ese informe y lamentamos que volvamos a perder 4,8 millones de euros sin queja ni protesta alguna”.