Otra piquetera a juicio por la huelga feminista del 8M de 2018

La Assemblea Feminista de València ha tenido que afrontar hoy un nuevo juicio a consecuencia de las multas impuestas por la Policía Nacional durante la convocatoria de huelga feminista del 8M de 2018, fruto de la aplicación de la ley mordaza. Este ha sido el octavo juicio derivado de estas multas desde finales de 2020. Como en las anteriores ocasiones, la Assemblea Feminista ha convocado una concentración antirrepresiva a las 12:30 horas en la Ciudad de la Justicia de València para mostrar su apoyo a las encausadas y defender los derechos básicos de reunión, de libertad de expresión y de hacer huelga.

A la salida del juicio, la abogada de las feministas, Maria Josep Martínez, ha destacado de nuevo la falta de imparcialidad de los informes de ratificación de las multas de los agentes de la Policía Nacional. En este caso, según Martínez, “el informe incluye valoraciones relativas al uso del valenciano y a la denominación País Valencià en las alegaciones de la sancionada, lo que resta objetividad al testimonio de los agentes". No es la primera vez que agentes de la Policía Nacional critican el uso del valenciano por parte de las feministas sancionadas en su informe de ratificación. La primera sentencia a favor de las feministas, de hecho, señalaba como estos comentarios valorativos mostraban la parcialidad de los agentes.

Por otro lado, la abogada destaca que el informe "está lleno de contradicciones. Amplía los hechos de una manera sorprendente, porque señala a la sancionada casi como si fuera la líder del movimiento feminista de València, organizadora de todo lo que se hacía aquel día en la ciudad, pero después la sanciona por un hecho muy concreto. Es obvio que el informe tiene la intención de criminalizar a esta persona”.

"Quieren poner gravedad donde no la hubo. Lo único que es cierto es que en 2018 hubo unas huelgas feministas masivas sin disturbios y lo que se está intentando es criminalizar la protesta y la movilización. No hubo ni alteración del orden grave, ni peligro para los bienes o la seguridad ciudadana", agrega Martínez. En unos meses, está previsto que se celebren nuevos juicios contra más piqueteras de las huelgas feministas.

Hasta ahora, la Assemblea Feminista de València ha abonado unos 7.000 € de los 11.000 € que suponen el total de las veinte multas recibidas entre 2018 y 2019, once impuestas el 8M de 2018, ocho el 8M de 2019, y una más por los actos del 25N de 2019. Hay que recordar que las sentencias de los dos últimos juicios, que tuvieron lugar en enero, consideraron prescritas las sanciones, lo cual supuso una gran victoria judicial para el movimiento feminista de València.

“Con la aplicación de la ley mordaza, el Estado trata de desgastar y asfixiar económicamente al movimiento feminista. Las multas no son individuales, se han impuesto a todo el colectivo feminista por ejercer nuestro derecho de huelga”, señala Mireia Biosca, portavoz de la Asamblea Feminista de València.