El ayuntamiento no recurrirá la sentencia sobre tabacalera

“No vamos a recurrir la sentencia sobre Tabacalera. Aunque el Ayuntamiento sea la parte que pierde no la vamos a recurrir, porque estamos de acuerdo con ella; nos parece correcta y vamos a estudiar su ejecución”. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha anunciado hoy la voluntad del Equipo de Gobierno de acatar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que anula la modificación del planeamiento que permitió el derribo de dos de las naves laterales del edificio de la antigua Tabacalera, y anula también el subsiguiente convenio que posibilitó la permuta de bienes municipales con claro perjuicio para las arcas públicas.

En similares términos se ha manifestado en rueda de prensa el delegado de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, quien ha realizado una primera valoración de la decisión del Tribunal, dado que en estos momentos los Servicios Jurídicos Municipales están analizando el alcance de la sentencia.

El alcalde, Joan Ribó, ha destacado la “gravedad” del tema que, ha asegurado, “tiene el mismo espíritu que, por ejemplo, el caso de El Cabanyal; y nos dice dos cosas fundamentales: que no se ha respetado el patrimonio (en este caso industrial) de la ciudad; y que esa falta de respeto a nuestro patrimonio nos genera después unos enormes conflictos legislativos que cuesta mucho resolver y volver a poner en marcha”.

Además, el alcalde ha destacado que la sentencia “habla de aspectos especulativos muy graves”. “Yo diría –ha añadido- que tanto el anterior gobierno de la Generalitat como el anterior equipo de gobierno municipal han tenido suerte porque los demandantes no tenían recursos suficientes y no han podido presentar pruebas periciales”, y ha citado como ejemplo el precio por metro cuadrado por el que se valoraron las dependencias municipales de la plaza de América, mucho menor que el de mercado en aquel momento. “¿Fue un pelotazo de algunos? ¿un menosprecio de los recursos propios municipales de otros? –se ha preguntado- Lo cierto es que es muy grave”.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, ha calificado el texto judicial de “contundente, clarificador, y que entra en fondo de la cuestión”, y ha explicado que “viene, desgraciadamente, a confirmar lo que calificamos en su momento de ‘pelotazo urbanístico’, de ‘grave atentado patrimonial a un bien protegido de la ciudad, concretamente el edificio de Tabacalera, y de oscura operación urbanística”.

El concejal ha recordado que se trata de una operación que se saldó “con la mutilación de un bien protegido”. De hecho, Valencia fue la única ciudad donde había un edificio de estas características, que en su momento tenía la calificación de edificio industrial, en que se ha dado esta situación. El resto de inmuebles de la antigua Tabacalera fueron protegidos íntegramente en otras ciutats, y dedicados a edificios públicos.

“Pero aquí –ha recordado Sarrià- se optó, después de una compra por parte del Grupo Guadalmedina-Altadis del edificio, por recalificar una parte del suelo y derribarlo, pese a saber que constaba de elementos que gozaban de protección patrimonial”. “Se le otorgó una mayor edificabilidad –ha continuado- y se firmó un convenio urbanístico por el cual se daba el edificio municipal de la plaza de América a un coste tres veces inferior a lo que era en aquellos momentos su valor de mercado”. De hecho, el concejal ha recordado que en aquellas mismas fechas, la Generalitat subastó los edificios de los juzgados “por tres veces más el valor del metro cuadrado que se tasó en ese momento el edificio municipal de la plaza de América”.

Un “varapalo” en toda regla al anterior Gobierno del PP

La sentencia da la razón a los recurrentes: anula la modificación del planeamiento y anula el convenio que posibilitó la permuta. “Es –en palabras de Sarrià- un varapalo en toda regla a la política urbanística del anterior Gobierno Municipal: un varapalo a la anterior alcaldesa, Rita Barberá, que se implicó personalmente en este proceso, y al anterior vicealcalde, Alfonso Grau”.

La sentencia del TSJ respalda el recurso presentado en su día por la plataforma Salvem Tabacalera a una anterior sentencia desestimatoria de la denuncia presentada contra el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y la promotora Guadalmedina por la recalificación de uso y el posterior convenio que posibilitó derribar dos de las naves laterales de Tabacalera y la permuta por el antiguo edificio municipal de la plaza de América. Hay que recordar que recurso se produjo después de una sentencia favorable al Ayuntamiento en aquel momento, que recurrió Salvem Tabacalera, y que el Supremo obligó a reconsiderar porque no se había entrado en el fondo de la cuestión.

“Esta sentencia sí entra en el fondo de la cuestión –ha afirmado Sarrià- y viene, desgraciadamente, a confirmar las sospechas y la denuncia que en su momento hizo la Oposición, y concretamente el Grupo Municipal Socialista” (en aquel entonces, ni Compromís ni València en Comú tenían representación en el Consistorio).

Las consecuencias de la sentencia del TSJ

La sentencia tiene una consecuencia obvia, ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano, y es que se anula el planeamiento. Por ello, ha anunciado que, en cuanto esté clarificada toda la información, se iniciará el proceso de revisión del planeamiento para dar cumplimiento a la sentencia.

En este sentido, y a preguntas de los periodistas, el alcalde, Joan Ribó, ha recordado que la ejecución de la sentencia la ha de pedir quien la ha ganado, en este caso Salvem Tabalacera, por lo que ha anunciado que desde el Ayuntamiento se contactará con ellos. “Hay partes posibles de recuperar, pero hay otras muy difíciles”, ha reconocido, como por ejemplo rehacer alguna parte de las naves que se tiraron. No obstante, ha asegurado que se va a estudiar detalladamente el tema.

Responsabilidades políticas

Ribó ha asegurado que la sentencia del TSJ “es un texto duro, pero muy recomendable de leer, para ver cómo de mal se han hecho las cosas hasta ahora”, y ha citado como ejemplos los casos de la Feria de Muestras, el Palacio de Congresos o la Dársena. “Si de la derecha se dice que gestiona bien –ha concluido- que vengan los dioses y lo vean”.

Por su parte, Vicent Sarrià ha asegurado que de la sentencia se deriva una serie de responsabilidades políticas, y ha manifestado que “los que en su momento tomaron esta decisión lesiva tanto para el patrimonio protegido de la ciudad como para las arcas municipales tendrían que explicar, o al menos pedir disculpas y asumir la responsabilidad política, por una decisión que hoy los tribunales han venido a confirmar que se hizo incorrectamente”. El concejal ha asegurado que dicha decisión “constituye además una muestra de una forma de hacer urbanismo, en la etapa de Gobierno del Partido Popular, dominada por el oscurantismo y por las malas prácticas; pero que, poco a poco, se va confirmando en sentencias como ésta”.