Esquerra Unida teme el incumplimiento del principio de precaución
El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha presentado una moción a la comisión de Urbanismo del presente mes en la que solicita que el Ayuntamiento adquiera el compromiso de asunción del principio de precaución que garantice la salud de las personas como prioridad fundamental, así como el mantenimiento de los principios garantistas de la actual Ordenanza de Antenas, de forma que la nueva Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones no mengue competencias municipales respecto al control. Del mismo modo, el edil también pide que el Consistorio exija al Gobierno Central que siga manteniendo su compromiso de seguir remitiendo los informes sobre mediciones en espacios sensibles presentado por las operadoras de telefonía móvil.
Según indica el regidor en el propio texto de la moción, la nueva Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, aprobada el pasado mes de mayo en el Congreso gracias a los votos de PP, PSOE y CiU, facilita la ocupación forzosa (en forma de expropiación o de servidumbre) para impulsar la mejora de la telefonía móvil. “De esta forma, se deja a los vecinos y vecinas en la indefensión más absoluta, puesto que el gobierno da vía libre para expropiar cualquier azotea de una comunidad de vecinos para instalar una antena de telefonía móvil, aunque éstos estén en contra”, ha asegurado Sanchis.
En este sentido, el portavoz de la formación de izquierdas ha insistido en que se le quitan competencias a los municipios a la hora de decidir sobre un tema tan importante para la salud pública como este y con unos efectos nocivos graves en los ciudadanos y ciudadanas, ni tampoco hará falta realizar estudios de impacto ambiental, puesto que bastará con que el Ministerio de Industria haya aprobado previamente un plan de despliegue o instalación de red en el cual se contemplan estas infraestructuras. Las compañías solamente estarán obligadas a presentar una declaración de responsabilidad en la cual certifican que cumplen los requisitos exigidos por la nueva ley.
“Estamos ante una forma de alejar más la toma de decisiones de la ciudadanía que va a sufrir sus efectos nocivos, sin olvidar también que lesiona su derecho a ser informada de las consecuencias. Nos preguntamos cuáles serán finalmente las competencias municipales que continuamente se están delegando en los mercados”, ha dicho.
Igualmente, Amadeu Sanchis ha hecho referencia a la Resolución del Parlamento Europeo de abril de 2009 sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos que ponía de manifiesto, entre otras cosas, su profunda preocupación por el hecho que las compañías de seguros tiendan a excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los campos electromagnéticos de las pólizas de responsabilidad civil, el que significa claramente que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio de cautela.
Sin embargo, el objetivo de la normativa impulsada por el Gobierno es que las compañías puedan “acometer proyectos de gran envergadura” para favorecer el despliegue de redes y la prestación de servicios, con el fin de cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que persigue que todos los ciudadanos puedan acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad de como mínimo 30 megabits por segundo en el 2020 y que la mitad de los hogares puedan llegar a velocidades superiores a 100 megabits por segundo.
“La medida se ha hecho a espaldas de las asociaciones de vecinos y las organizaciones contra la contaminación electromagnética que denuncian que se deja a los ciudadanos y ciudadanas desamparados y que temen que el aumento de estas instalaciones pueda repercutir en la salud de las personas afectadas”, ha concluido el edil.
