El ayuntamiento se ve obligado a revisar una licencia ilegal que concedió en La Albufera en 2011

El concejal socialista Vicent Sarrià ha denunciado hoy que el Ayuntamiento de Valencia concedió en el año 2011 una licencia a la mercantil AGROPINEDO, en Camino de Tremolar 120, para construir en el parque natural de la Albufera una nave agrícola que ocupa 8.300 m2, cuando el PGOU de Valencia tan solo permite casetas de aperos con un máximo de 30 m2.

Tras una larga tramitación, en la pasada Junta de Gobierno Local del 30 de mayo se ha acordado que las obras son contrarias al planeamiento vigente, iniciándose una revisión de oficio, hasta tanto la revisión en marcha del PGOU de Valencia contemple la legalidad de esta actuación, sin iniciar orden alguna de restauración de la legalidad urbanística.

El concejal socialista Vicent Sarrià ha recordado que el PRUG de la Albufera se anuló por sentencia firme del Tribunal Supremo, por incumplir el Plan de Ordenación de los Recursos naturales (PORN) de rango superior y que prohíbe expresamente cualquier tipo de edificación en el ámbito del parque, y por tanto la revisión iniciada en 2012 del PRUG debe acatar la sentencia y ser respetuoso con el Plan de Ordenación citado, por lo que no cabe construcción alguna ni por tanto legalizar la construida.

Por ello, el concejal socialista ha lamentado el error del Ayuntamiento de Valencia que ha permitido la construcción de una obra ilegal en el ámbito del parque natural de la Albufera y que además de exigir las responsabilidades que procedan, no basta con declarar la caducidad de la licencia e iniciar el procedimiento de revisión, sino que con carácter inmediato hay que ordenar la restauración de la legalidad urbanística y paisajística de la parcela.

Sarrià ha advertido que “en la revisión del PGOU no pueden aprobarse modificaciones en las normas urbanísticas para permitir nuevas edificaciones en el parque natural de la Albufera, pues este fue el principal motivo por el que se anuló por el Tribunal Supremo el PRUG de la Albufera”, y lo que procede es que cuanto antes se redacte el nuevo PRUG en colaboración con entidades y colectivos ciudadanos para no volver a caer en el ridículo de recibir un nuevo varapalo judicial.

“Es evidente que la Alcaldesa no se cree mucho la importancia del parque natural de la Albufera”, pero al menos le pedimos, ha dicho Sarrià, que no se comporte tampoco en este tema como una insumisa y acate las decisiones judiciales, por lo que la revisión del PGOU no puede ser un “coladero” para infringir la normativa ambiental.

“La Alcaldesa no puede por más tiempo mantener esta situación de ilegalidad, amparándose en que el PRUG está en revisión” ha matizado Sarrià, pues el PGOU vigente es claro y contundente, y el PRUG no puede vulnerar nuevamente el Plan de Ordenación de los Recursos naturales PORN.

Por tanto, para Sarrià “cuanto antes se restablezca la legalidad, antes desaparecerá cualquier sospecha sobre la situación irregular que nos ocupa, que ha obligado a iniciar un procedimiento de revisión y caducidad de licencia” y que tal como dice el Consell Jurídic Consultiu “la revisión de oficio de los actos administrativos es una potestad exorbitante de la administración pública que deriva de sus poderes de autotutela y queda reservada para los casos más graves de violación del ordenamiento jurídico”