Ayuntamiento y Generalitat presentarán una querella conjunta por prevaricación contra la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde
La Alcaldesa Rita Barberá y el Vicepresidente Juan Cotino presentan el dictamen que considera “ilegal, infundada y arbitraria la declaración de expolio” respecto al PEPRI de El Cabanyal
El documento elaborado por el Catedrático de Derecho Santiago Muñoz Machado habla también de desviación de poder, vicio de nulidad y ejercicio desmedido e imprudente de la competencia estatal
La Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el Vicepresidente Tercero de la Generalitat, Juan Cotino, han comparecido juntos en una multitudinaria rueda de prensa, que ha tenido como testigos a la práctica totalidad de los integrantes del equipo de gobierno municipal, en la que se ha anunciado también la acumulación de los dos recursos Contencioso-Administrativos interpuestos ante la Audiencia Nacional por el Ayuntamiento y la Generalitat, a los que se incorporará el dictamen elaborado por el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado, que concluye que, en términos jurídicos, “es de todo punto imposible que la Orden Ministerial pueda pretender que el PEPRI constituya un expolio”.
La Alcaldesa de Valencia ha presentado los principales argumentos de un dictamen fechado en Madrid el pasado 19 de diciembre y firmado por quien está considerado, en palabras de la Alcaldesa, “el primer Catedrático de Derecho Administrativo de España”, quien reafirma en su trabajo la conformidad a Derecho del Plan Especial de El Cabanyal y resalta que su supuesto efecto expoliador “no es cuestionable en una Orden Ministerial”.
Señala dicho documento que nunca antes se había dado ningún caso de Declaración de Expolio por parte del Ministerio de Cultura en relación con actuaciones impulsadas por las Comunidades Autónomas, a la vez que recuerda que el Plan Urbanístico es de una norma juzgada y sentenciada (con sentencias siempre favorables), con carácter definitivo y firme.
El dictamen califica como “arbitraria” la Orden Ministerial que tanto Rita Barberá como Juan Cotino han pedido nuevamente que se retire, y afirma también que en ella se da desviación de poder, entendida como voluntad de torcer la aplicación de la Ley para obtener fines no pretendidos por la Norma. Se apunta en el documento, que constituye una usurpación de atribuciones, “por cuanto la Orden Ministerial ha sido dictada careciendo de atribuciones para suspender la ejecución del Plan Especial”.
En este aspecto, tal como ha resaltado la Alcaldesa, la Orden de la Ministra impide ejecutar las resoluciones dictadas por la autoridades judiciales, tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana como del Tribunal Supremo. “La Ministra González-Sinde se erige como última autoridad judicial por encima del Tribunal Supremo, y eso es el colmo”. El Ayuntamiento y la Generalitat se plantean, además de la querella ante el Tribunal Supremo, la exigencia judicial de daños y perjuicios por las consecuencias de la paralización de la Ley, e incluso, en el ámbito de la Unión Europea, poner de manifiesto ante el Parlamento Europeo la arbitrariedad del Partido Socialista en el Gobierno de España
En la reunión de la Junta de Gobierno Local del próximo viernes se tomará la propuesta de acuerdo, al igual que hará en su momento la Generalitat en el Consell, una vez unidos y acumulados los dos recursos, de iniciar estas actuaciones penales por la arbitrariedad y ilegalidad de la Declaración de Expolio del Ministerio de Cultura.
NO PUEDE HABER EXPOLIO SI HAY PROTECCIÓN LEGAL
Rita Barberá ha insistido en que este dictamen de 86 páginas que se incorporará al recurso conjunto de las dos administraciones, “supone un varapalo al Gobierno de España, y es un informe demoledor para la Orden del Ministerio de Cultura. Por eso vamos a hacer lo que tenemos que hacer: defender la legalidad de nuestros gobiernos y abrir otras vías judiciales para pedir responsabilidades. Llevamos muchos años de paciencia, de insultos y vituperios, además de violencia física y administrativa. Queremos llevar adelante el PEPRI de El Cabanyal y no nos van a doblegar ni amilanar”.
Tras exponer la contundencia de las conclusiones del informe del Catedrático Santiago Muñoz Machado, la Alcaldesa de Valencia ha reiterado que tanto Ayuntamiento como Generalitat “creemos en el Estado de Derecho y en la Justicia, y nos vamos a defender en los Tribunales contra esta agresión contra un Plan Urbanístico legalmente aprobado y querido por la mayoría de los valencianos”.
El Vicepresidente Juan Cotino, por su parte, ha recordado su comparecencia ante Las Cortes Valencianas en la que defendió tajantemente que las competencias de una comunidad autónoma recogidas en el Estatuto de Autonomía, “no se pueden absorber en un decreto de una ministra. Es de sentido común, y lo que dijimos entonces lo volvemos a decir ahora: que el Gobierno de España es un gobierno que no mira por igual, con los mismos ojos, a todos los españoles”. El Vicepresidente de la Generalitat ha pedido que se retire el recurso que ha paralizado el PEPRI de El Cabanyal.
El referido dictamen argumenta que la concepción jurídica-administrativa de la arbitrariedad “no sólo comprende lo jurídicamente aberrante y abyecto, sino también lo que carece de una justificación objetiva, racional y razonable”. Añade que una norma es arbitraria cuando es fruto de una manifestación de la voluntad particular del órgano que la adopta, sin una cobertura razonable en el ordenamiento jurídico. “Hay una interpretación del ordenamiento manifiestamente irracional que hace ilegal, infundada y arbitraria la declaración del expolio”.
Se apunta en el documento, igualmente, la existencia de desviación de poder y se afirma que la ley autonómica “recompone el ejercicio de competencias que pretendió alterar la Orden del Ministerio de Cultura”, para añadir que la Orden Ministerial contiene vicio de nulidad, es irrespetuosa y supone un ejercicio desmedido e imprudente de la competencia estatal y concluir que no puede haber expolio sobre un bien que queda protegido de acuerdo a la legalidad urbanística y de Patrimonio Cultural Autonómica.
“La Orden incurre en incoherencia que la hace irrazonable y arbitraria, al tiempo que manifiesta que el ejercicio de la competencia sobre expoliación persigue en este caso un fin torcido y distinto al fin constitucional y legal, y que supone una desviación de poder, con efectos anulatorios”, se afirma en el resumen de los argumentos del dictamen del Profesor Muñoz Machado facilitado en esta rueda de prensa en la que la Alcaldesa Rita Barberá ha destacado igualmente la consideración de que la Orden Ministerial está “viciada de nulidad” y supone “un acto indebido de tutela”.
