La jueza anula las multas al movimiento feminista de Valencia por el 8M
Todavía tienen pendientes otros dos juicios derivados de las veinte multas impuestas durante las jornadas de huelga de 2018 y 2019
El pasado 22 de septiembre de 2020, el movimiento feminista de València afrontaba su primer juicio derivado de las multas a las feministas que participaron en piquetes informativos durante las huelgas del 8M de 2018 y 2019. Cuando todavía no se han cumplido dos semanas del juicio, las afectadas ya han conocido la sentencia de este: según se les ha comunicado, el juzgado contencioso-administrativo número 2 de València ha declarado contraria al derecho la resolución de la Delegación del Gobierno que imponía una sanción por falta de respeto a la autoridad en aplicación de la ley mordaza y, por lo tanto, la anula.
La sentencia señala que no hay prueba de cargo suficiente para imponer la sanción, al considerar que la ratificación de los agentes de la policía nacional está privada de objetividad e imparcialidad, puesto que incluía valoraciones sobre la lengua y la denominación País Valenciano que nada tenían que ver con los hechos. El citado informe, que consta al expediente administrativo, empieza diciendo “Los abajo firmantes no conocen el idioma valenciano ni catalán ya que no tienen la obligación de conocerlo, así mismo manifestan que no conocen institución alguna con el nombre Delegació del Govern Espanyol al País Valencià.” Ya el pasado 22 de septiembre, M. Josep Martínez, abogada de las feministas y miembro de Alerta Solidaria, señalaba justo después del juicio que estos comentarios eran del todo “innecesarios” en un informe de este tipo y que sin duda mostraban una “animadversión” hacia el movimiento feminista que restaba de credibilidad la versión de los agentes.
Ante esta noticia, la Asamblea Feminista de València y Alerta Solidaria han enviado un comunicado conjunto en que denuncian la hostilidad de la policía nacional hacia los movimientos de la izquierda anticapitalista —el feminismo entre ellos—, y cuestionan la legitimidad del principio de veracidad, que otorga mayor peso a la versión policial en este tipo de pleito administrativo, y que “a la práctica, se traduce en una presunción de culpabilidad imposible, casi siempre, de destruir”, señalan en el texto. “Denunciamos que este principio de veracidad ampara el abuso policial y la restricción de derechos fundamentales como el de reunión y manifestación, la libertad ideológica y de expresión y el derecho a la huelga” y añaden que continuarán denunciando la ley mordaza hasta su derogación.
El movimiento feminista de València tiene pendientes todavía dos juicios pendientes derivados de las veinte multas impuestas durante las jornadas de huelga de 2018 y 2019; doce y ocho respectivamente: el próximo tendrá lugar el 28 de octubre y del tercero, todavía se desconoce la fecha. A estas veinte, se los suma otra multa que afecta el movimiento a raíz de los actos celebrados alrededor del 25N de 2019, Día Internacional por la eliminación de la Violencia contra todas las mujeres.
