La Assemblea Feminista de València encara una nueva tanda de juicios por las huelgas del 8 de marzo de 2018 y 2019

La Ciudad de la Justicia de València ha acogido este miércoles 17 de noviembre un nuevo juicio derivado de las multas impuestas a feministas valencianas en las jornadas de huelga del 8 de marzo de 2018 y 2019. Este es el primero de ocho juicios a los que deberán enfrentarse en los próximos meses. Forma parte de un largo proceso judicial que se inició en 2020 con otros tres juicios a feministas sancionadas con la ley mordaza en el mismo contexto de huelga por el 8M. De los juicios celebrados el año pasado, tan solo el primero tuvo una resolución favorable a las activistas, con una sentencia que reconocía la “parcialidad” del atestado policial. De nuevo, las feministas son llevadas a juicio después de que sus alegaciones contra las multas hayan sido rechazadas y la vía administrativa haya sido agotada. En total, las sanciones propuestas (alrededor de una veintena) ascienden hasta los 11.000 euros.

Tal y como han destacado las feministas en un comunicado, esta “violencia institucional” la sufren cada vez que salen a la calle “para exigir una vida digna, en clave feminista, y señalar las opresiones que este sistema capitalista, racista y patriarcal nos impone”. Y añaden que estos juicios “no son solo por las multas, sino que es el resultado de la opresión que vive todo el movimiento feminista cuando alza la voz”.

Desde las nueve de la mañana, un grupo de mujeres se ha concentrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia para acompañar a la encausada y esperarla, ya que, aseguran, estas multas no son individuales, sino que se han impuesto a todo un colectivo. También afirman que se tratan de multas “totalmente aleatorias” porque los agentes de policía identificaron a muchas mujeres que simplemente participaban en las acciones propias de una jornada de huelga y, meses después, les llegó la notificación de la multa. El juicio de este miércoles responde, de hecho, a una multa impuesta el 8 de marzo de 2018.

A la salida del juicio, la abogada de las feministas M. Josep Martínez ha destacado el clima que se ha respirado durante el mismo, ya que la juez «no ha dejado prácticamente ni exponer ni preguntar, además de interrumpirnos constantemente». Por otro lado, ha destacado que «no hay elementos probatorios que justifiquen la infracción y la imposición de la sanción. Hemos centrado la defensa en la vulneración de la presunción de inocencia, porque no hay pruebas suficientes. De hecho, hay contradicciones entre el acta de denuncia y ratificación, ya que en la primera se habla de que los supuestos actos que alteraron la seguridad ciudadana tuvieron lugar en las vías del tranvía, mientras que en la segunda se dice que tuvieron lugar en el metro, lo que genera confusión con la introducción de elementos contradictorios».

Junto con eso, la abogada ha resaltado que «no se sabe cuánto duró el corte de las vías y no hay ningún informe de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana que evidencie que hubiera afectación en las vías del tranvía. De ocupar las vías a sancionar por una alteración grave del orden que afecte a la seguridad ciudadana es muy diferente, porque no se acredita este aspecto».

A las 12 h, la Assemblea Feminista de València ha realizado una rueda de prensa delante de la Ciudad de la Justicia y sus portavoces han leído un comunicado en el que han recordado que “quien sanciona al movimiento feminista es la Delegación de Gobierno, hoy en manos del PSOE”. A pesar de las promesas de derogación por parte del gobierno de coalición, actualmente esta ley se encuentra en proceso de reforma, hecho que ha provocado malestar entre colectivos de movimientos sociales, entre los cuales se encuentran las feministas, que exigen "su completa e inmediata derogación". "Esta ley se ha continuado aplicando para reprimir la disidencia política. Por eso manifestamos de nuevo nuestro malestar y rechazo a la doble cara de la Delegación del Gobierno en el País Valencià en manos del PSOE que, por un lado, se compromete a revisar las multas y, por otro, impone las sanciones a pesar de contar con informes judiciales con una evidente falta de imparcialidad, hecho que nos ha llevado a estar aquí hoy, enfrentando procesos judiciales injustos" han declarado. Las feministas también han exigido la absolución de las ocho compañeras encausadas en esta nueva ronda de juicios, así como "el retorno de los casi 7.000€ que nos han expropiado".