Compromís pide "la aprobación de medidas para poner freno a la escalada de los precios de la vivienda en Santa Pola"

La gran cantidad de ejecuciones hipotecarias desde 2008 ha llevado a que las entidades financieras se hayan ido haciendo con la propiedad de muchos pisos y locales, ya sea por la vía de la adjudicación judicial o por la dación en pago de la deuda.

La inmovilización de estas viviendas en manos de entidades financieras y fondos de inversión está afectando gravemente y especialmente a los precios de alquiler, pero también disparando los precios de venta y contribuyendo a la creación de una nueva burbuja. La realidad actual es que han disminuido los desahucios procedentes de ejecuciones hipotecarias pero los desahucios por impago de alquiler o por precario aumentan de forma considerable.

En el caso de Santa Pola, la escalada de los precios de la vivienda de alquiler para larga estancia, y la casi inexistencia de viviendas destinadas a emergencias habitacionales o alquiler social, dibuja una situación dramática a la hora de poder acceder a una vivienda. Según el Ministerio de Fomento y el portal inmobiliario Fotocasa, Santa Pola es uno de los municipios del País Valenciano con los precios de alquiler más altos, junto con otros municipios como la ciudad de València, Alicante o Benidorm.

Compromís per Santa Pola presentará este mes, al Pleno del Ayuntamiento, una moción que propone "medidas para poner freno a la escalada de los precios de la vivienda en Santa Pola". Según explica Compromís, una de las medidas propuestas es la aplicación de un recargo del 50% en el IBI de las viviendas vacías de grandes propietarios y bancos, con el fin de que se pongan estas viviendas en el mercado para aumentar la oferta en el municipio, y presionar a la baja los precios de alquiler.

Por otra parte, la Coalición pedirá al Ayuntamiento que participe regularmente en las subastas judiciales y de bancos, y que negocie también con las entidades bancarias, para intentar incorporar viviendas al parque municipal que se puedan poner a disposición de la ciudadanía, ya sea para resolver situaciones de emergencia habitacional o para destinarlas a alquiler social.

Por último, Compromís manifiesta que "no podemos renunciar a que el Estado tome conciencia del problema y regule el precio de los alquileres, como ya se hace en otros países de Europa". Por ello, "espera que la probable próxima investidura de un nuevo gobierno en el Estado abra una oportunidad para hacerlo posible".