Las reclamaciones de los pueblos de la provincia de Castellón, municipio a municipio: así ha sido la Cumbre de Alcaldes

El Palacio Provincial de Castellón ha acogido este martes la Cumbre de Alcaldes bianual, en la que han participado un total de 34 municipios que han presentado sus peticiones, sugerencias y quejas ante la Diputación.

La presidenta, Marta Barrachina, ha hecho balance de las actuaciones de la institución provincial reivindicando la capacidad de la Diputación para ser ágil en resolver las peticiones que le hacen las poblaciones: “Gobernar no es decir, es hacer”,

Barrachina ha insistido en el refuerzo de los últimos años en cuestiones como el Plan de carreteras, el Pla Impulsa, Pla d’Ocupació, el Pla Resol de instalación de placas solares o los planes de conciliación familiar para facilitar la vida en los pequeños pueblos, así como la puesta en marcha del Consorcio Provincial del Agua y las obras de emergencia en numerosas poblaciones ante los últimos años "de sequía extrema", especialmente en los pueblos con mucha altitud, que tienen problemas con los pozos para captar agua.

En esta legislatura también se han creado nuevas líneas de subvenciones para atender demandas históricas de los municipios. Entre ellas destacan ayudas para el derribo de edificios municipales, guardas rurales, transporte a demanda, catástrofes, actuaciones en el medio natural, bienestar animal o defensa del territorio frente a megaproyectos. 

Nuevo plan de videovigilancia

Además, ha avanzado nuevos planes que se pondrán en marcha como el de las cámaras de control de tráfico y seguridad en las poblaciones, o el de la mejora de las carreteras que atraviesan los pueblos, las travesías, que se ha presentado recientemente.

 “Un gran proyecto que pretende mejorar la seguridad y garantizar que, en los entornos rurales, se pueda acceder a los mismos servicios de control de tráfico”. Estas cámaras podrán recopilar, procesar y analizar el tránsito de vehículos para proteger las infraestructuras municipales, gestionar los accesos, mejorar la disciplina viaria y, sobre todo, aumentar la seguridad, ha explicado sobre este plan para los accesos de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes. 

Debate en convenios singulares y bomberos

Sobre el importante Consorcio Provincial de Bomberos ha destacado las últimas inversiones millonarias, así como la compra de la embarcación de rescate más potente de la Comunitat Valenciana y la mayor incorporación de personal de la historia reciente con 60 bomberos, comparándolas con las 15 de la legislatura anterior. Asimismo, se ha puesto en marcha las nuevas brigadas forestales (BRAF) con 4 bases por toda la provincia, la nueva red de helisuperficies por todas las comarcas y ha adelantado la pronta licitación del nuevo parque de bomberos de la Plana Alta en Oropesa del Mar. Un balance que ha realizado, precisamente, bajo el sonido de la protesta que organizaba en la calle un grupo de bomberos del Consorcio que pedía mejoras.

Asimismo, ha defendido la necesidad los de convenios singulares específicos que se firman directamente para algunas poblaciones para cuestiones prioritarias. “Pese a las críticas de los socialistas sabemos que son necesarios”, ha expresado Barrachina sobre este sistema que tanto debate ha generado en la cumbre y con el que se han dedicado 9 millones a 70 poblaciones. “Cada pueblo es distinto, y eso nos hace únicos”, ha señalado.

Firma conjunta para pedir el desbloqueo de las reglas fiscales

Al acabar el acto, la presidenta de la Diputación ha invitado a todos los representantes municipales asistentes a la firma de un manifiesto para que el Gobierno de España desbloquee las reglas fiscales y permita el uso de los remanentes municipales. A través del manifiesto, los alcaldes y alcaldesas firmantes muestran su preocupación por la situación actual de limitación en el uso de los recursos económicos disponibles por parte de las entidades locales, derivada de la aplicación de las reglas fiscales. Como se indica en el manifiesto, las actuales restricciones impiden que estos fondos puedan ser utilizados plenamente para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, limitando la capacidad de inversión en servicios públicos, infraestructuras y políticas sociales.

Estos son las peticiones de los 34 municipios que han intervenido

En total, han sido 34 poblaciones las que han intervenido, tras la salida del alcalde de Soneja, que no ha acudido finalmente y el desistimiento del alcalde de Nules a participar como protesta. Asimismo, varias decenas más de alcaldes han acudido al acto aunque no han ejercido su derecho a la participación.

Rossell: Su alcalde pide inversiones en carreteras y los ‘camins de la Ratlla’ que comparten los municipios en los límites de sus términos. Además, y en concreto, reclama la finalización de la mejora de la CV-100 que los conecta hacia Sant Rafael del Riu, una reivindicación histórica.

Tírig: Desde el municipio se solicita a la Diputación un desvío de la carretera de conexión del pueblo con la CV-10 para que no atraviese la población, una cuestión en la que trabaja la Diputación.

Benassal: La población del interior pide que se mejore la CV-166, que la Diputación explica que se producirá a finales de año, al tiempo que pide un servicio de movilidad eficiente que se garantice la movilidad, con conexiones comarcales, tarifas justas y transporte a demanda con coordinación horaria con servicios como buses o trenes. A este respecto, Barrachina ha asegurado que se está iniciando un proyecto piloto en parte de la provincia.

Betxí: Su alcaldesa pide que las poblaciones de tamaño intermedio no queden fuera numerosas líneas de actuaciones, al tiempo que solicita un convenio específico para tener un nuevo césped y mejoras en las gradas del campo municipal.

Onda: El municipio cerámico plantea un consenso histórico entre instituciones para proteger a esta “industria locomotora” que se ve afectada por la normativa europea de emisiones. Al respecto, Barrachina ha prometido una defensa en bloque junto con otras poblaciones cerámicas como l’Alcora para buscar vías para evitar este varapalo al sector. Además, Onda ha recordado que busca una fórmula para relanzar el mítico Museo del Carmen de Ciencias Naturales, por lo que pide el apoyo provincial.

Vistabella: Desde Vistabella inciden en la necesidad de un convenio con el obispado para decidir el modelo de gestión del santuario de Sant Joan y plantean la necesidad de que se puedan desarrollar cursos de formación profesional directamente en su comarca, una cuestión que, desde la Diputación estudian con el apoyo de los centros Cedes y asociaciones de constructores para realizar cursos de oficios.

Ludiente: Reclama el apoyo del servicio provincial del Sepam para poder gestionar sus servicios públicos con su escaso personal

Benicarló: Ha solicitado colaboración para poder obtener respuestas del departamento de Costas del Ministerio de Transición Ecológica ante las dificultades que describe su alcalde para mantener reuniones con esta administración de la que dependen los deslindes y las obras de espigones.

Eslida: Pide un convenio para adquirir los terrenos de las antiguas piscinas para que se transformen en un centro para las personas mayores ante el envejecimiento, así como la retransmisión en directo de la Marató de Dements para que se proyecte al mundo y la actualización de las ayudas al medio natural para ejecutar planes como el catálogo de caminos.

La Jana: La presidenta ha mostrado su compromiso para trabajar para que la autovía del interior, la CV-10, se extienda desde Cabanes a La Jana, un proyecto histórico que todavía no es una realidad.

Borriol: Como Betxí, pide una revisión de los criterios poblacionales para los municipios que se encuentran en la horquilla intermedia, que quedan excluidos de numerosos planes. Además, su alcalde solicita que se tenga cuenta también la dispersión poblacional (el caso de las urbanizaciones y pedanías) que para los Ayuntamientos supone un gasto extra en cuestiones como el suministro e agua.

Costur: La población se presenta con una llamada de urgencia a la anticipación y apoyo ‘antes de cruzar la línea invisible que los califica como en riesgo de despoblación’, para que se incluya a más poblaciones en las líneas de aydas ante esta emergencia antes de que el problema avance. Barrachina ha propuesto al respecto estudiar que las líneas específicas contra la despoblación se puedan facilitar antes de que las poblaciones entren en esta zona de riesgo.

Vila-real: Su alcalde, uno de los que ha presentado unas peticiones más contestatarias ante las políticas provinciales, ha pedido plan de bonos comerciales, más ayudas al bienestar animal y más apuesta por el Fons de Cooperació. La presidenta ha explicado en respuesta la urgencia de las obras de las redes de depuración o de la emergencia hídrica han limitado los recursos de otras cuestiones como la rehabilitación de patrimonio o el plan de bonos comerciales, que promete recuperar más adelante.

Vinaròs: La alcaldesa se ha referido a zona verde de Fora Forat, agradeciendo las líneas de apoyo de la Diputación que lo harán realidad.

Vall d’Uixó: Su alcaldesa ha reclamado equidad en el reparto de los recursos y busca el apoyo provincial para que los municipios puedan obtener suelo para construir vivienda pública, paliando así este problema.

Moncofa: su alcalde ha pedido volver a realizar reivindicaciones unitarias entre todos los municipios costeros para ‘ir a una’ ante Costas para que aplique medidas de regeneración y frene los deslindes de la línea de costa.

La Pobla Tornesa: ha pedido ayuda contra la exclusión bancaria ante el cierre de los cajeros automáticos y que se aplique el nuevo modelo de recogida de basuras. Barrachina se ha comprometido a buscar una solución tanto negociando con entidades interesadas como presionando a la Generalitat para que otorgue de nuevo las ayudas a estos cajeros, al tiempo que ha reclamado la ley estatal que evitaría este problema. En cuanto al servicio de basuras, ha indicado que espera que tras el verano se pueda licitar el contrato para este área de la Plana Alta.

Xert: Ha resaltado la importancia de que se impulse el Plan de travesías que permitirá mejorar las carreteras que entran dentro de las poblaciones, por lo que se consideran calles que, sin embargo, son de competencia del titular de las carreteras.

Vilafamés: Ha pedido conocer si la carretera Vall d’Alba volverá a ser de titularidad provincial para no tener que hacerse cargo del mantenimiento, como ha confirmado Barrachina tras reunirse con la Generalitat. Además, el alcalde pide actuaciones urgentes en la zona forestal de La Foia antes de la llegada del verano para paliar los incendios.

Alcudia de Veo: La población de Espadà se ha referido al problema de la mala conexión de sus antenas tras 20 años, que la Diputación resolverá próximamente.

Azuébar: Ha puesto en valor las medidas para mejorar la vida en los municipios del interior, especialmente la escoleta y las medidas en favor de la conciliación para el aumento de los niños.

Santa Magdalena de Pulpis: La población propone un plan de rehabilitación del patrimonio histórico y otro para que los municipios puedan monitorizar todo el ciclo del agua para vigilar las fugas al estilo de los Perte.

La Serratella: Pide mejorar la seguridad en sus carreteras de cara al turismo de caravanas.

Burriana: su alcalde ha puesto en valor la respuesta de la Diputación para la rehabilitación del patrimonio local y el apoyo a las fiestas.

Sant Mateu: Pide apoyo para la mejora de la eficiencia en la red del agua, que sufre filtraciones en numerosos municipios.

San Rafael del Río: Solicita que el Pla Impulsa continúe los próximos años para seguir impulsando proyectos en los diferentes municipios.

Montanejos: Ha solicitado apoyo a los municipios que deberán de hacer un esfuerzo en materia de residuos, como con el cambio de contenedores. 

Alquerías del Niño Perdido: El municipio ha solicitado apoyo en la mediación con el Ministerio para que solucione el problema de la peligrosa travesía de la N-340 por dentro de la población y ayuda para sufragar los problemas que causan las inundaciones junto a otra infraestructura estatal como las vías del tren.

L’Alcora: como la Vall d’Uixó, ha pedido limitar los convenios singulares buscando la equidad con unos criterios únicos para todas las poblaciones, limitando los convenios a cuestiones específicas. Barrachina ha asegurado al respecto que la solución sería crear líneas específicas para todo, lo que no cree posible, y defiende los convenios como una forma de solucionar las peticiones de cada pueblo. En cuanto a la petición de la creación de un nuevo Plan de infraestructuras con el uso de remanentes, la presidenta se ha comprometido a activarlo cuando se desbloqueen estas cantidades.

Almenara: El municipio, como Vilafamés, se ha referido a la recatalogación de sus carreteras, en este caso a las de Almenara hacia la Vall y hacia la playa. Barrachina ha indicado que, en caso de que se consideren caminos y no puedan revertirse al nivel provincial, se habilitará una partida para que los Ayuntamientos puedan mantenerlas.

El Toro: El alcalde ha defendido las medidas para estabilizar esta población del interior, como es el caso de la recuperación de su castillo, en unos tiempos en los que el municipio ha recuperado su demografía.

Sot de Ferrer: Pide una solución para los caminos intermunicipales conocidos como ‘de Raya’ que tantas problemáticas generan por su custodia compartida entre dos poblaciones, así como ayudas para rebajar los costes de las partidas de bienestar animal, una cuestión sobre la que la presidenta ha asegurado que se podría plantear un sistema comarcal compartido por poblaciones, como en el caso de las basuras.

Sueras: Desde el municipio piden que las brigadas de limpieza mejoren la gestión del monte de cara a los incendios, fumigaciones contra mosquitos para acabar con las picaduras y ayudas para atajar los problemas de personal de los pueblos pequeños.

Altura: Alerta para que se ejecute la rehabilitación de la Cartuja de Valdecristo. “Por el preocupante estado en el que se encuentra la hospedería, si tardan mucho podemos encontrarla en el suelo”, ha alertado la alcaldesa sobre este edificio provincial que, según ha explicado Barrachina, cuenta con 345.000 euros provinciales más 800.000 autonómicos para rehabilitarse. Así, ha indicado que se volverá a solicitar el 2% cultural del Ministerio para ganar esta inversión y ha explicado que los cambios necesarios en las obras del santuario de Sant Joan de Penyagolosa por los defectos encontrados han obligado a derivar un millón de euros que no ha podido destinarse a otros monumentos.