Emisión de gases altamente contaminantes en dos desguaces de Elda y Alicante con prácticas fraudulentas
Habían ideado un entramado para falsear certificados de descontaminación y ahorrar costes en el tratamiento de residuos
La Policía de la Generalitat ha desmantelado en Elda y Alicante un entramado de personas y empresas de desguace de vehículos que incumplían la normativa medioambiental y laboral. En el marco de la “Operación Bobra”, centrada en la inspección en el ámbito industrial y medioambiental, se ha imputado a cuatro personas como presuntas autoras de delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.
La investigación del Grupo de Medio Ambiente de Alicante se inicia durante la inspección a un desguace de Elda en el que se detectó que la empresa carecía de autorización para el manejo de gases fluorados y de maquinaria para la extracción de los mismos. Tampoco contaba con documentos acreditativos para la retirada de estos residuos por parte de un gestor autorizado, expulsando gases al exterior de forma incontrolada.
Los vehículos descontaminados en Elda se daban de baja en la DGT gracias a certificados de destrucción emitidos por otro desguace de Alicante que sí contaba con la autorización administrativa para descontaminar vehículos y tratamiento de residuos. Los vehículos se documentaban como si el proceso de descontaminación y achatarramiento se hubiese hecho conforme a lo previsto en la normativa, cuando en realidad lo hacía sin cumplir con los requisitos necesarios y causando con ello graves daños medioambientales.
De esta forma, el desguace de Elda se ahorraba los costes de tratamiento de residuos para obtener un mayor beneficio económico. Se calcula que con este proceso se han podido emitir de forma incontrolada a la atmósfera 86.250 gramos de gases altamente dañinos para la capa de ozono en los últimos 5 años.
Durante las pesquisas también se descubrió que carecía de autorización administrativa y no cumplía con los requisitos exigibles en sus instalaciones. Además, la Policía de la Generalitat detectó que la empresa no había dado de alta en la Seguridad Social a un trabajador y que éste carecía de la preparación necesaria para descontaminar vehículos y realizar el tratamiento de los residuos resultantes.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha puesto en valor “la labor de investigación del Grupo de Medio Ambiente de la Policía de la Generalitat, un grupo que se ha convertido en decisivo para velar por la protección del medio ambiente y por garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras”. Bravo ha recordado “el compromiso del Consell con la sostenibilidad” y ha hecho hincapié “en el papel de la investigación policial para evitar este tipo de fraudes y las prácticas ilícitas en cuestiones que llegan a incidir en la salud de la ciudadanía”.
