La Generalitat vuelve a recurrir contra el reparto de menores migrantes que ordenó Sánchez
El Consell considera que el desarrollo del Real Decreto vulnera competencias autonómicas en materia de protección de menores
La Generalitat Valenciana ha decidido dar un paso más en su pulso legal con el Gobierno central por el reparto de menores migrantes no acompañados. El Consell ha aprobado este martes presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 658/2025, aprobado el pasado 22 de julio, que regula cómo deben actuar las comunidades autónomas ante situaciones migratorias extraordinarias que afectan a menores extranjeros sin referentes familiares.
Este nuevo recurso se suma al ya presentado en abril ante el Tribunal Constitucional, cuando el Consell interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, la norma que permitió al Ejecutivo central poner en marcha un sistema de redistribución de menores llegados principalmente a Canarias, para aliviar la presión sobre las islas.
El actual decreto, recurrido por vía administrativa, desarrolla y concreta ese reparto, estableciendo los criterios de asignación de plazas entre las comunidades autónomas y fijando obligaciones en cuanto a plazos, recursos y atención a los menores.
Según la Generalitat, esta normativa representa una injerencia directa en las competencias autonómicas en materia de servicios sociales y protección de la infancia. Desde el Consell se defiende que la atención a menores tutelados es una responsabilidad autonómica, y que el Gobierno central no puede imponer por decreto la redistribución sin consenso ni previsión de medios suficientes.
La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha denunciado que este reparto de menores se ha realizado “de forma unilateral, sin negociación previa, sin explicar los criterios y, lo que es más grave, sin prever los recursos necesarios para atender dignamente a estos menores”.
Según ha informado, la Comunitat Valenciana debería asumir la llegada de 571 menores, lo que supondría un coste de 44,5 millones de euros anuales, frente a los 7,4 millones anunciados por el Gobierno, "que solo cubrirían su estancia durante tres meses". “El sistema de protección de menores en nuestra Comunitat ya está tensionado, y esta imposición solo generaría hacinamiento y falta de atención adecuada”, ha afirmado.
Camarero ha recordado que en 2024 se atendieron 912 menores extranjeros sin referente familiar en la Comunitat, con una ocupación media del 160 %, y que ya se había hecho un esfuerzo inversor de más de 9 millones de euros para aumentar en más del 60 % las plazas de atención residencial. “No es falta de solidaridad, es responsabilidad. No se puede atender a estos menores como merecen sin personal, infraestructuras ni financiación adecuada”, ha remarcado. Además, ha cuestionado que comunidades como Cataluña o País Vasco hayan quedado fuera del reparto y ha lamentado la falta de criterios objetivos de equidad.
La vicepresidenta ha destacado que el recurso cuenta con el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat y, al igual que ocurrió con el real decreto ley, se considera que puede infringir el ordenamiento constitucional de distribución de competencias, así como vulnerar los derechos fundamentales de estas personas menores de edad, lo que hace necesaria la presentación del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Controversia
En marzo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto-ley 2/2025, argumentando una situación de emergencia por el aumento de llegadas de menores migrantes a Canarias. La medida fue apoyada por varias comunidades autónomas, pero generó rechazo en otras, especialmente en aquellas gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de la Comunitat Valenciana.
El Gobierno valenciano, liderado por Carlos Mazón, alegó entonces que el decreto vulneraba el orden constitucional de reparto de competencias. En abril, el Consell aprobó llevar la norma al Tribunal Constitucional por considerar que no se había contado con las autonomías ni respetado sus atribuciones en la gestión del sistema de acogida.
Ahora, con la entrada en vigor del desarrollo reglamentario, el ejecutivo autonómico vuelve a activar los mecanismos legales para frenar su aplicación.
