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Estas son las claves de la Ley Celaá

Las claves de la Ley Celaá
Las claves de la Ley Celaá
  • Dos de los puntos claves de la nueva norma del Gobierno de Perdo Sánchez es la eliminación del castellano como lengua vehicular y el ataque a la concertada

La Ley Celaá, que hoy se debate en el Congreso, nace con controversia y debates entre los partidos del gobierno y aquellos que están en la oposición.

Dos de los puntos claves de la nueva norma que quiere llevar adelante el Gobierno de Perdo Sánchez es la eliminación del castellano como lengua vehicular y el ataque a la concertada han generado polémica e incluso movilizaciones.

Sin embargo, la LOMLOE, más conocida como Ley Celáa plantea otras claves:

  • Castellano: deja de ser la lengua vehicular de la enseñanza y la lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir la educación en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.
  • Exención de examinarse de lenguas cooficiales: en aquellas comunidades con más de una lengua oficial, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación del área Lengua Propia y Literatura.
  • Religión: oferta obligatoria, elimina el deber de cursar una materia alternativa y la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas.
  • Valores cívicos y éticos: se estudiará en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad.
  • Curriculum: los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no afectarán a más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60% para el resto.
  • Repetición de curso: los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.
  • Separación de alumnos por sexo: los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género.
  • Educación especial: en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.
  • Admisión de alumnos: cuando no existan plazas suficientes, la admisión en un centro se regirá por los criterios prioritarios de hermanos matriculados, proximidad y renta. Después, se tendrá en cuenta el ser familia numerosa u otras circunstancias. 
  • Condiciones de admisión: la habrá cuando la demanda de plazas supere la oferta. Velarán por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido.
  • Concertados: elimina la 'demanda social' para abrir nuevos centros o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.
  • Suelo público: incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. Los municipios cooperarán en la obtención de los solares necesarios para construir centros de este tipo.
  • Plazas de infantil: aumento de las plazas públicas de 0-3 años. Se promoverá la existencia de centros de este tipo que incorporen Infantil con otras etapas educativas.
  • Educación afectivo-sexual: fomentar de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria.
  • Historia de la democracia: los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España. Deberá plantearse desde una perspectiva de género.
  • Igualdad de género: impulsar el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y promover la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres.
  • Defensa del planeta: fortalecer las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con el planeta.
  • Certificación en educación secundaria: los alumnos recibirán al concluir la ESO una certificación oficial con los años cursados y el nivel de las competencias.
  • Bachillerato: se podrá hacer en tres años y también se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado las materias salvo una.
  • Educación de adultos: podrán incorporarse a la educación de adultos los mayores de 16 años con contrato laboral o deportistas de alto rendimiento.
  • Alumnos sin cualificación: las Administraciones podrán organizar programas formativos para mayores de 17 años sin cualificación, para permitirles un título de Formación Profesional o certificación académica.
  • Inspectores: la fase de concurso considerará la trayectoria profesional del candidato y sus méritos, mientras que la fase de oposición será una valoración de capacidades y no una prueba.
  • Digitalización: desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas educativas.
  • Escuela rural: se garantiza un puesto gratuito en Primaria en el propio municipio del alumno que, en el caso de tener que trasladarse a la zona escolar más próxima, será con el mínimo desplazamiento.
  • Plan ante situaciones de emergencia: Educación y comunidades definirán un plan de contingencia para que continúe la actividad educativa en situaciones como la crisis del coronavirus.

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