Una valoración estima entre 7 y 11 mil millones el coste de las indemnizaciones a favor del colectivo de interinos si se incumple la Directiva 1999/70

Una valoración realizada por distintas asociaciones de habilitados de Aragón y Castilla-La Mancha (ASSITI y ASSIA) e incluida en la memoria de impacto económico y presupuestario de la Proposición de Ley para la consolidación de los interinos con habilitación nacional que hoy ha registrado Compromís, remarca la envergadura del problema que puede suponer para las distintas administraciones no resolver el problema de la vulneración de la Directiva 1999/70 del Consejo, que “podría tener un coste de entre 7 y 11 mil millones de euros” en caso de condenas y resoluciones favorables al colectivo de interinos, lo que implicaría un incremento de la conflictividad laboral y serias repercusiones económicas para pequeños ayuntamientos entre otras.

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha declarado que “las cifras indican que nos encontramos ante un problema que el Gobierno ya debería haber abordado. Llevamos un año reclamando reuniones al ministro de Función Pública sin obtener respuesta y el Gobierno ha vetado dos proposiciones nuestras en este sentido con falacias como es el supuesto coste de la solución que planteamos primero o una posible inconstitucionalidad de las medidas, cuando queda bien claro que el único objetivo era bloquearlas para recuperar el Gobierno el pulso del tema, aunque nos tememos que pretenden eludir buena parte de sus obligaciones que pasan por el cumplimiento de la normativa comunitaria y por procesos de fijeza atendiendo a las situaciones particulares de cada uno de los 800.000 afectados”.

Compromís ha formalizado hoy mismo en forma de nueva Proposición de Ley, una petición con medidas urgentes para consolidar a los funcionarios interinos de la administración local con habilitación nacional, esto son secretarios, interventores, secretarios-interventores y tesoreros. La moción señala que los afectados son unos 3.500 que trabajan en las entidades locales realizando informes, asesorando jurídicamente a los responsables políticos, dando fe pública de los actos y acuerdos, fiscalizando la gestión económica, realizando labores de contabilidad, tesorería y recaudación, y colaborando en el cumplimiento de la legalidad en la Administración Local.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha señalado que por su alta cualificación profesional este colectivo ha sido declarado “servicio esencial” en atención a las atribuciones y tareas que integran sus funciones en el contexto de la actual crisis sanitaria. “El de los habilitados nacionales es otro problema y un clarísimo ejemplo de afectados por un mal funcionamiento de una Administración repleta de trabajadores temporales realizando funciones estructurales y clave para numerosos municipios, que llevan 10 o 20 años ejerciendo su profesión y que pueden tener que irse a casa sin ningún tipo de indemnización. Urge conjugar los intereses de las administraciones y la de los afectados. En el informe de impacto de la Ley queda claro que es más caro para la Administración cesar e indemnizar a los afectados y organizar nuevos procesos de selección de personal que consolidar las plazas que se encuentren interinamente desempeñadas durante tres o más años. La aprobación de la Proposición de Ley supone un importante ahorro para las administraciones implicadas tanto potencialmente derivado de las indemnizaciones que no tendrían que asumir, como directamente, ya que los ingresos obtenidos por los procesos de selección superarían con creces los gastos ocasionados por los procesos selectivos”, ha concluido.