El valenciano como requisito para el empleado público, reabre el debate lingüístico
El gobierno justifica la decisión como “un derecho” y los sindicatos alertan del “deterioro” que puede suponer
La nueva Ley de Función Pública contempla que el valencia se convierta en un requisito indispensable para todo aquel que quiera acceder a la administración, también para los sanitarios. Una cuestión que ha reabierto el debate lingüístico.
Este viernes, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha defendido la medida apelando al derecho de los ciudadanos mientras que los sindicatos han advertido de que podría provocar “precariedad” después de que algunos profesional decidan irse a otras CCAA.
“No he visto a la gente en Galicia saliendo en estampida por garantizar a los galegos el derecho a ser atendidos en su lengua" ha señalado Oltra pregunta al respecto por los medios de comunicación, y explicado: "La prioridad es garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse en la lengua que elijan”.
Por su parte, la central sindical pide a Les Corts que reconsidere la medida que está tramitando y que anteponga el interés de la ciudadanía sobre cualquier criterio político o de confrontación lingüística.
En este sentido, explican que la obligatoriedad del valenciano supone “imponer un condicionante lingüístico innecesario, carente de argumentación objetiva y sustentado sobre intereses políticos”.
El sindicato recalca que otorgar primacía a ese requisito sobre criterios esenciales como mérito, igualdad y capacidad profesional provoca, en la práctica, una merma en el servicio prestado a la ciudadanía.
“El conjunto de la ciudadanía tiene derecho a que sus empleados sean los mejores en cada momento y que en su proceso de selección primen mérito, igualdad y capacidad profesional y no quede todo esto cuestionado por un condicionante lingüístico”, recalca la central sindical.
