UPyD pide una auditoría externa independiente de la contratación y gestión pública del Ayuntamiento
Unión Progreso y Democracia (UPyD) en la ciudad de Valencia ha pedido esta mañana una auditoría externa independiente de la contratación y gestión pública del Ayuntamiento de los últimos diez años. Mediante escrito dirigido a la alcaldía, la formación quiere conocer el alcance real de la corrupción y la mala praxis en la administración local, si es que ha existido.
El escrito da traslado al consistorio de 13 medidas urgentes de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana que, según la formación, son imprescindibles para superar la actual situación política., fortalecer la democracia y restaurar la confianza de los ciudadanos.
El candidato de UPyD a la alcaldía de Valencia, Eduardo Gómez, ha afirmado que “la corrupción es posible hoy porque se han desarticulado los controles internos y externos. Su extensión es generalizada e institucionalizada y responde en muchas ocasiones a decisiones de las cúpulas de los partidos políticos que han convertido a las administraciones en un botín a repartir entre sus correligionarios y en un instrumento para mantener e incrementar su poder”.
“Detectada esta lacra, tenemos que ejecutar reformas de nuestras instituciones de forma decidida y radical. Eso exige la aprobación de medidas similares a las que presentamos, que incrementen controles independientes, que despoliticen la Administración y su contratación, que refuercen la independencia de los órganos de control, que fomenten la transparencia y que impidan que los corruptos vayan en las listas electorales o sean cargos públicos”, ha afirmado Gómez.
Además de una auditoría externa independiente de la contratación y gestión pública del Ayuntamiento de los últimos diez años, UPyD demanda en su escrito el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad en los nombramientos de altos cargos y directivos de la administración, sociedades y empresas con control público, la prohibición del nepotismo y patronazgo en los nombramientos de cargos en instituciones públicas, empresas controladas por las administraciones pública, el establecimiento de un canal de denuncias confidenciales que garantice el anonimato del denunciante, y otras medidas de transparencia y buen gobierno como la publicación de agendas de concejales y el control de la externalización de servicios públicos.
