Los socialistas denuncian que el Ayuntamiento utiliza el PGOU para recalificar suelos industriales

El concejal socialista Vicent Sarrià ha denunciado hoy que el Ayuntamiento de Valencia “aprovecha la revisión estructural del PGOU para introducir recalificaciones de antiguos suelos industriales, de dudosa legalidad, sin justificación alguna y de una manera arbitraria, ya que no obedece a un estudio pormenorizado de la situación e todas estas instalaciones en la ciudad”.

En concreto, ha explicado que se trata de la antigua fábrica de manufacturas Aracil ubicada en la calle de Asturias 46 que se cerró hace una década y permanece en estado ruinoso. Esta situación de abandono fue denunciada por el concejal socialista Vicent Sarrià el pasado mes de julio cuando propuso que se estudiara ubicarla en una unidad de ejecución.

“El edificio ha sido ocupado en varias ocasiones y presenta un estado lamentable”, ha comentado Sarrià, por lo que en una visita que realizó al barrio de Camí Fondo en el distrito de Camins al Grau donde se ubica y tras reunirse con los vecinos de la zona, solicitó gestionar su transformación en viviendas en una unidad de ejecución. Según ha explicado, esta medida permitiría que los propietarios de esta antigua fábrica “tuvieran que aportar a la ciudad suelo dotacional para jardines u otros equipamientos”.

Sin embargo, tal como ha denunciado hoy Sarrià, “el gobierno Municipal del PP aprovecha la revisión del PGOU para introducir una recalificación de los 5.034 m2 que ocupa la antigua fábrica que permitirá a sus propietarios un aprovechamiento urbanístico para viviendas y terciario superior a los 30.000 m2 de edificabilidad, sin contraprestación alguna a la ciudad”.

Ha recordado que en el año 2000 el Ayuntamiento aprobó que los cambios de suelo industrial que se transformen a residencial deben mejorar el entorno en que se ubiquen con nuevas zonas verdes y aportando suelo dotacional para la ciudad. Algo que, ha advertido, “en esta ocasión no ocurre, ya que el gobierno municipal le otorga la edificabilidad máxima sin ninguna contraprestación".

“Es una recalificación en toda regla y no está en absoluto justificada”, ha señalado y ha denunciado que “obedece exclusivamente a los intereses privados de sus propietarios que el Gobierno Municipal ha atendido sin exigir las compensaciones a la ciudad en zonas verdes y equipamientos que hubiera correspondido sin delimitara una unidad de ejecución”.