Smart Mobility alerta de la pérdida de servicios de movilidad compartida en Valencia
El Ayuntamiento de Valencia está planteando limitar las licencias de motos compartidas -motosharing- en el municipio
La sostenibilidad de la ciudad de Valencia camina sobre el alambre en materia de movilidad, ante la falta de voluntad del Ayuntamiento de apostar por los servicios de movilidad eléctrica compartida. El Ayuntamiento está considerando limitar las licencias de motos compartidas -motosharing- lo que provocará graves perjuicios para los ciudadanos y supondrá un freno para la consecución de una movilidad descarbonizada, eficiente, saludable y amable para el ciudadano.
Las restricciones planteadas por el Ayuntamiento no sólo castigarán al sector, sino que suponen un incumplimiento del mandato contenido en el artículo 14 de la Ley 7/2021, del 20 de mayo, de cambio climático y transición energética: los territorios con una población superior a 50.000 habitantes tienen la obligación legal de fomentar la movilidad eléctrica compartida. Y ello, a pesar de que el pasado mes de octubre, la Comisión Europea otorgó a Valencia el título de ‘Capital Verde Europea’ en 2024.
El sector considera que la cifra agregada planteada, de 2.000 licencias, es muy inferior a los vehículos que la ciudad (que hoy día tiene cerca de 200.000 motos privadas) puede absorber; bloqueando así una modalidad eficiente y sostenible de movilidad, especialmente importante en la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Además, no refleja la creciente demanda del servicio por parte de los usuarios. Según la encuesta EY Mobility Consumer Index 2022, España es el país donde más aumenta la movilidad compartida como manera de desplazarse al lugar de trabajo.
El sector viene desde hace tiempo pidiendo al Consistorio un diálogo y un proceso de consulta para repensar la regulación del sistema y que las compañías que desean desplegarse en Valencia puedan hacerlo, con el objetivo de crear una ciudad más sostenible, segura y habitable. Pero el Ayuntamiento se muestra decidido a seguir adelante con una regulación que perjudica al sector sin escuchar la opinión de las empresas.
Las motos compartidas ahorran unos 100 gramos de CO2 por kilómetro y contribuyen a descongestionar el tráfico de las ciudades y aumentar la flexibilidad para desplazarse por las mismas.
Restringir el número de licencias no se considera apropiado por parte del sector, puesto que el propio mercado se autorregula: son los usuarios los que deciden si los vehículos son o no suficientes y, por su parte, los operadores no tienen interés en mantener vehículos que no se utilizan. La limitación de motos compartidas llevará inevitablemente a un mayor número de desplazamientos en vehículo privado, mayoritariamente de combustión.
Los efectos negativos de esta restricción para el ciudadano se acentúan porque el Ayuntamiento plantea dividir ese número reducido de licencias entre un gran número de operadores, lo que elevaría los costes de prestación del servicio y condenaría al usuario a descargar más de una decena de apps para tener acceso a las motos compartidas de la ciudad y/o aumentaría las distancias hasta ellas. La única forma de mantener un sector eficiente y de precios asequibles es mantener un número reducido de operadores en la ciudad, seleccionados a través de un proceso claro y con requisitos de rendimiento medioambientales, sociales y económicos ambiciosos.
La movilidad compartida es un complemento necesario para el transporte público y la movilidad activa, sustituyendo fundamentalmente desplazamientos en vehículo privado, generalmente de combustión. Sin movilidad compartida no puede aspirarse a un futuro en que el vehículo privado tenga una presencia significativamente menor en la ciudad.
