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Sánchez de León solicita una reunión urgente con Chaves para abordar “la invasión de competencias” del Gobierno central

  • Tras la orden del Ministerio de Cultura de paralización del Plan del Cabanyal

  • La portaveu del Consell considera que se trata de “un ataque más del Gobierno de Zapatero a los valencianos”

  • La titular de Administraciones Públicas anuncia diferentes medidas legales para garantizar la ejecución del plan

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, como responsable de Relaciones con el Estado, ha anunciado que va a solicitar una reunión urgente con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, para abordar la orden de paralización del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyameral (PEPRI), emitida por el Ministerio de Cultura.

En concreto, Sánchez de León urge a Chaves a que convoque “inmediatamente la Comisión Bilateral de Cooperación para exigir una explicación”, sobre lo que ha denominado, “una invasión de competencias ejercida por el Ministerio de Cultura, ya que en materia de patrimonio la Generalitat tiene la competencia, según establece el Estatut d’Autonomia”.

Ante esta situación, la consellera ha anunciado que la Generalitat presentará un recurso por conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional “ya que el Ministerio se ha desviado claramente de sus competencias con esta orden”.

La también portaveu del Consell, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha criticado que el Gobierno central haya hecho pública una decisión así, a través de los medios de comunicación, algo que ha calificado como “un hecho de escasa decencia institucional”, y “un ataque más del Gobierno de Zapatero contra los valencianos”.

Otra de las acciones legales que el Consell va a llevar a cabo consiste, al igual que por parte del Ayuntamiento de Valencia, en la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Mediante este recurso se solicitará “la declaración de nulidad de la misma y la suspensión de su eficacia, de tal forma que el plan pueda seguir ejecutándose hasta que se dictara sentencia”, tal y como ha explicado Sánchez de León.

Sin alusión a situación de expolio
Además, la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, ha denunciado que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ratificada por el Supremo, en la que se ha basado el Ministerio de Cultura, “no se hace la más mínima alusión a la concurrencia de una situación de expolio, por lo tanto, entendemos que no puede basarse en la ejecución de esa sentencia una decisión administrativa como la que estamos hablando”.

Por ello, Sánchez de León ha anunciado que la Generalitat planteará “incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Supremo para que valoren los términos de su ejecución, que, de todas maneras, solamente afecta a cuestiones formales y nunca de fondo”. “En todo caso –ha añadido-, bajo ningún concepto la sentencia permite que se cambie el sentido de la decisión y ya se había decidido en 12 sentencias anteriores la legalidad de este plan”.

Por último, la portaveu del Consell ha garantizado que “si con las vías legales no fuera suficiente” para continuar la ejecución del Plan del Cabanyal, la Generalitat se plantea modificar la normativa de Declaración de Bien de Interés Cultural de este barrio, “con el fin de ejecutar el plan que con tanto esfuerzo y tanto beneficio para los ciudadanos están trabajando conjuntamente el Ayuntamiento y la Generalitat desde hace muchos años”.

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