El Pleno se suma a la solicitud de reclamar el Derecho Civil Valenciano a propuesta del PP, con los votos en contra de C,s y VOX
Ciudadanos y Vox votan en contra de que el Ayuntamiento en Pleno manifieste su apoyo a la “proposición de Reforma de la Disposición Adicional Segunda de la Constitución Española para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano”
La viceportavoz del Grupo Popular, María José Ferrer San Segundo, ha defendido hoy una Moción para que el Ayuntamiento en Pleno mostrara su apoyo a la “proposición de Reforma de la Disposición Adicional Segunda de la Constitución Española para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano”.
La propuesta de acuerdo planteada por Ferrer San Segundo, por medio de una Moción de urgencia, “incluía una agradecimiento expreso a les Corts Valencianes por haber promovido la iniciativa de la reforma de la Constitución, el pasado 5 de febrero, para que la competencia en materia de derecho civil prevista en el Estatuto de Autonomía Valenciano, aprobado tanto por las Cortes Valencianas como por las Cortes Generales, tenga encaje dentro de la Constitución”
La Moción, que se ha aprobado con los votos a favor de PP, Compromis y PSOE y en contra de Ciudadanos y VOX, también recoge un acuerdo para trasladar el apoyo del Pleno del Ayuntamiento de Valencia a la “Proposición de Reforma de la Disposición Adicional Segunda de la Constitución Española para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano” -publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 28 de febrero de 2020-, y solicitar su urgente tramitación para recuperar de forma efectiva una competencia severamente limitada desde el año 2016.
Igualmente, se ha aprobado remitir este Acuerdo a las presidentas del Congreso y del Senado, y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.
En el cuerpo de la Moción que ha sido aprobada por todos los Grupos con representación en el Pleno con la excepción de Ciudadanos y Compromís, se manifiesta que “uno de los principales objetivos declarados de la Ley Orgánica 1/2006, de Reforma del Estatut d’Autonomia, aprobada en Les Corts y en las Cortes Generales sin que contra sus preceptos al respecto se interpusiera entonces ningún recurso, fue garantizar la competencia de la Generalitat Valenciana para legislar sobre el derecho civil, al ser la única Comunidad que la había tenido históricamente (desde el siglo XIII), pero carecía de dicha competencia efectiva, a diferencia de las demás que la tuvieron y la siguen teniendo”
La iniciativa popular recuerda que:
“La Comunitat Valenciana únicamente podría legislar en el ámbito de las costumbres agrarias, cuando lo que el Estatut quiso deliberadamente, tanto en la redacción de 1982 como sobre todo en la reforma de 2006, es que se reconociera el derecho de los valencianos a legislar en materia de derecho civil, para dar respuestas ágiles, modernas y propias a nuestros problemas actual, y poner fin a la injusta discriminación que sufrimos como pueblo por la abolición de los fueros en 1707, devueltos al resto de territorios españoles excepto al entonces Reino de Valencia, ahora Comunidad Valenciana”.
“Es por ello que, desde la sociedad civil, cultural, profesional, social o académica, especialmente desde la Associació de Juristes Valencians, se ha promovido una leve reforma puntual de la Disposición Adicional Segunda de la Constitución, y por vía de mociones en los Plenos municipales, ya 494 Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana (más del 91% de las Corporaciones, que representan a su vez a más de 4.900.000 valencianos) se han sumado a la petición. Además, Les Corts, el Consell de la Generalitat, las tres diputaciones provinciales, así como numerosas instituciones y entidades de toda índole, tanto públicas como privadas”.
