EU pide al PP que atienda las necesidades de las familias que han perdido su vivienda
Con motivo del acto en el que hace breves momentos el concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, ha participado junto con la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat, Isabel Bonig, y en el que se han entregado contratos de alquiler del fondo social de viviendas Bankia, la concejala del grupo municipal de EUPV, Rosa Albert, ha querido volver a criticar la ineficacia del convenio entre la conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente y el Ayuntamiento de Valencia en abril del año 2013 para atender las necesidades de las familias que han perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio hipotecario u otras causas excepcionales mediante el ofrecimiento a este colectivo de viviendas del parque público de la Generalitat en régimen de alquiler.
Según datos facilitados por la propia concejala de Bienestar Social e Integración, Ana Albert, a una pregunta formulada por EUPV en el Pleno del pasado mes de julio, desde que se firmó dicho convenio, hace ya año y medio, se han tramitado un total de 16 contratos de alquiler social. “Estas cifras, lo que vienen a demostrar es la falta de interés del PP en poner los recursos necesarios para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y, por tanto, lo que han escenificado hoy tanto Novo como Bonig no es más que una foto de cara a la galería que se encuentra muy alejada de la verdadera política social que llevan a cabo los populares”.
“En el año 2013, cerca de 50.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas y el PP ha sido incapaz de ofrecer medidas que ofrezcan soluciones reales”, ha afirmado la edil, quien ha instado a la concejalía de Bienestar Social a que revise el convenio que se firmó el pasado año y lo adapte “de manera que pueda dar respuesta a la problemática que supone que familias valencianas sean tiradas de sus casas sin que las administraciones correspondientes den una solución”.
Asimismo, Rosa Albert ha recordado al equipo de gobierno del PP que, además de este convenio, el Ayuntamiento de Valencia tiene capacidad para poder ofrecer otras alternativas a las familias víctimas de un desahucio, dotando partidas presupuestarias suficientes en los presupuestos, en concreto en el de 2015 que se aprobó inicialmente el pasado viernes, y poniendo a disposición de la concejalía de Bienestar Social todas las viviendas propiedad municipal que en estos momentos se encuentran vacías.
“En definitiva, se trata de una cuestión de voluntad política, el PP debe decidir entre poner todos sus recursos a disposición de la ciudadanía, que en estos momentos no tiene garantizado el acceso a derechos constitucionales básicos, o seguir sin reconocer la realidad y dar la espalda a la situación tan grave por la que estamos pasando”, ha declarado.
