El PP pide amparo al Sindic de Greuges por la falta de respuesta al recurso por el cobro de la ORA durante el Estado de Alarma

El Grupo Municipal Popular ha pedido el amparo del Sindic de Greuges ante la falta de respuesta del Gobierno de Ribó y PSOE al recurso presentado por el PP por el cobro del estacionamiento en las zonas azul y naranja en las calles de la ciudad de Valencia, conocida como la ORA, durante el Estado de Alarma.  Los populares recurrieron la decisión de la Junta de Gobierno del 22 de mayo que determinaba dejar sin efecto el acuerdo de no cobrar por estacionamiento, cuando esta decisión debía haberla tomado el pleno que es un órgano de aprobó la medida de no cobrar el estacionamiento de la ORA mientras se mantuviera el Estado de Alarma.

El Gobierno de Ribó y PSOE desde el pasado día 23 de mayo y hasta el 19 de junio, fecha en la que dejo de estar vigente el Estado de Alarma, ha cobrado la ORA, incumpliendo el acuerdo plenario que instaba a dejar sin efecto el cobro hasta finalizar el Estado de Alarma,  este acuerdo en ningún momento ha sido derogado por el pleno.  

El concejal del Grupo Popular, Carlos Mundina, ha señalado que hemos pedido la intervención del Sindic Greuges, ya que “el Gobierno municipal ha incumplido el plazo de un mes que marca la ley para dar respuesta al recurso presentado por los populares. Mientras se ha seguido cobrando por la ORA a pesar de existir un acuerdo plenario que dejaba sin efecto el cobro hasta finalizar el Estado de Alarma. Este acuerdo de pleno votado por unanimidad de todos los grupos sigue vigente porque no ha sido derogado por ninguno de los plenos”.

En su escrito de queja al Sindic de Greuges el concejal Carlos Mundina recuerda que “el pasado 23 de mayo de 2020, como Concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valencia, registré un recurso de reposición (con fecha efectiva de registro 25 de mayo) contra el acuerdo Junta de Gobierno Local adoptado el día 22 de mayo de 2020 en el Expediente Administrativo E-01801-2005-002177 del Servicio de Movilidad Sostenible, por el que se levantó "la orden de supresión temporal de las plazas de estacionamiento regulado con limitación horaria en la ciudad de Valencia".

“Además, en dicho recurso solicité expresamente la adopción de una medida cautelar ante el grave perjuicio económico que se puede producir para los vecinos de Valencia, para la empresa adjudicataria y para el propio Ayuntamiento de Valencia, por la puesta en marcha del servicio el 25 de mayo y los efectos que produzca la posterior anulación del Acuerdo impugnado. Hasta la fecha de la presente, consta en el expediente E 01801-2005-002177 que no se ha realizado todavía ningún trámite para la resolución de la medida cautelar ni del fondo del recurso”, añade Mundina.

Mundina ha decidido acudir al Sindic ante la respuesta del concejal de Movilidad, Grezzi, que dice en respuestas al Grupo Popular que no ha finalizado el plazo que prevé la ley para resolver el recurso y que se resolverá antes de que finalica. Mundina afirma que “el concejal Grezzi o desconoce la ley o no dice la verdad en su respuesta, mientras seguimos a la espera de que se resuelva el recurso”.

Recurso presentado por el PP

En su recurso el PP recuerda que la decisión de suspender el cobro de la ORA se ratificó por acuerdo del pleno municipal, a propuesta del Grupo Popular  junto a un paquete de 66 medidas consensuadas con el Gobierno para luchar contra la crisis e del COVID19. Y se fijó que esta suspensión estaría vigente mientras se prolongara el Estado de Alarma en España, situación en la cual aún nos encontramos.

Al ser el pleno un órgano de rango superior a la Junta de Gobierno Local, los populares recuerdan que la decisión de la JGL no puede anular un acuerdo plenario y por lo tanto podría ser nula la reactivación de la ORA. Esto obliga al Gobierno de Ribó y PSOE a tener que llevar el acuerdo de la Junta de Gobierno a un pleno para que sea ratificado, cosa que no han hecho.

El recurso pide la anulación del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local el pasado viernes día 22 de mayo que acordaba  “levantar la orden de supresión temporal de las plazas de estacionamiento regulado con limitación horaria en la ciudad de Valencia”.  Pero, el Gobierno Municipal no es consciente que el acuerdo de suspender el cobro de la ORA fue ratificado en acuerdo plenario por mayoría de todos los grupos municipales, y el pleno no ha vuelto a pronunciarse sobre la derogación de esta medida.

La decisión de “Suprimir temporalmente en la ciudad de Valencia las plazas de estacionamiento regulado con limitación horaria, con efectos retroactivos desde el día 16 de marzo de 2020 a las 16:00 horas y mientras dure el estado de alarma”, fue adoptada por RESOLUCIÓN GG – 172 de 17 de marzo, y en la misma se establece de forma clara la condición para revertir esta supresión temporal, esto es “mientras dure el estado de alarma”. Esta RESOLUCIÓN GG-172 fue posteriormente ratificada por el Acuerdo de JGL de fecha 23 de marzo de 2020.

La decisión del Concejal Delegado de Movilidad y de la Junta de Gobierno Local fue posteriormente ratificada por el PLENO DE LA CORPORACIÓN en la sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2020 (Expediente O-89POP-2020-000034) con el siguiente tenor literal: “22. Ratificar la suspensió de deixar sense efecte el cobrament de l'ORA tant en Zona Blava com Taronja durant l'Estat d'Alarma proclamat pel RD 463/2020.”

Los populares basan su recurso en toda la legislación de los procedimientos administrativos y “en el artículo 39 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que “Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.” Por tanto, nos encontramos ante un acto administrativo adoptado por el Pleno de la Corporación que no ha perdido vigencia por el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local”.

Y los populares en su recurso recuerdan que “el artículo 47.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.”

En el recurso del PP se recoge que el “EL ACUERDO adoptado por el PLENO DE LA CORPORACIÓN tiene un rango superior al Acuerdo de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL y por tanto es nulo de pleno derecho al no tener en consideración el mandato ejecutivo que sigue vigente del máximo órgano de decisión del Ayuntamiento de Valencia, pues dicho Acuerdo plenario NO ha sido derogado por otro Acuerdo del Pleno, así como tampoco decaerá automáticamente mientras no se extinga la condición que lo mantiene en vigor, esto es, el mantenimiento del estado de alarma y en este sentido, debe ser respetado por todos sus componentes, incluido el Alcalde y la Junta de Gobierno Local”.