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Clemente anuncia que el PP recurrirá el archivo de la denuncia para conocer quién ha dado la orden de establecer una vigilancia frente a la sede del partido

  • Recuerda que el PP siempre ha respetado la labor policial pero insiste en saber si los agentes “tenían autorización judicial para realizar las grabaciones”

  • Critica que el Gobierno “no tiene reparos en utilizar los medios del Estado para aniquilar políticamente al PP mientras los populares intentan ganar democráticamente las elecciones”

  • Asegura que el PSOE “vulnera la intimidad de las personas y hace que se tambalee el Estado de Derecho”

El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Antonio Clemente, ha anunciado hoy que el PP recurrirá el archivo de la denuncia presentada el pasado viernes para que se investigue por qué la Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia frente a la sede del PPCV y quién dio la orden

Clemente ha indicado que las explicaciones del delegado del Gobierno Ricardo Peralta “no aclaran las sospechas del PP”, sobre posibles grabaciones en el partido y ha insistido en que es “intolerable” que la Policía Nacional realice escuchas en la puerta de un partido político.

Por ello, ha aseverado el PP quiere conocer los “motivos y razones” por los que los agentes establecieron este dispositivo de vigilancia frente a la sede del PPCV en Valencia el pasado jueves, cuando se presentaba la nueva web de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y si contaban con autorización judicial para ello, ya que de no ser así el Ministerio de Interior estaría “vulnerando manifiestamente la ley”.

Clemente ha afirmado que la primera edil “sigue esperando que desde la delegación del Gobierno se pongan en contacto con ella” y ha asegurado que Rita Barberá “no ha recibido ninguna llamada ni de Peralta ni de nadie el fin de semana para dar alguna explicación sobre lo sucedido”.

El dirigente popular ha destacado que el PP “siempre ha respetado las actuaciones de la Policía y que confía plenamente en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Ha resaltado que, en cualquier caso, es de “especial relevancia” conocer la cobertura legal que tenía la actuación de la Policía, ya que estas grabaciones necesitan de una autorización judicial previa, así como “qué mandos del Ministerio del Interior han dado instrucciones de realizar grabaciones en el PPCV y cuál es la posición de la Fiscalía respecto a esta vigilancia”.

En este sentido, el responsable del PPCV ha reprochado el “continuo maltrato al que el PP se ve sometido por la Fiscalía, que utiliza argumentos totalmente parciales y subjetivos para no denunciar de oficio casos como el de José Bono y, sin embargo, insiste en vehicular procesos para acosar al PP”.

De esta forma, ha asegurado que el PP “se siente espiado, porque no es la primera vez que el Gobierno utiliza medios oficiales para extraer información”, al tiempo que ha asegurado que, “mientras el PP busca ganar democráticamente las elecciones, el PSOE intenta aniquilar políticamente al PP y, para ello, no tiene ningún reparo en utilizar a la Policía y los medios del Estado”.

Ventaja electoral ilícita
“En su intento desesperado por obtener alguna ventaja electoral de manera ilícita, vulneran la intimidad de las personas y hacen que se tambalee el Estado de Derecho”, ha manifestado Clemente, quien ha explicado que la denuncia del PP pretende “saber por qué se vigila a ciudadanos que ejercen su derecho a la participación política y cuya militancia sólo puede ser revelada por ellos mismos”.

Así, se ha preguntado “qué interés puede tener el Ministerio del Interior para cercar la sede del PPCV con el fin de controlar actos como la presentación del partido” y ha apuntado que, en esta ocasión, la diligencia de los agentes locales permitió saber que dentro de una furgoneta había policías nacionales haciendo, lo que de confirmarse las sospechas del PP, sería un atentado contra la democracia”.

Por otro lado, el secretario general ha preguntado si, como alega el Gobierno, no se estaba vigilando la sede del PP sino otros espacios cercanos, la Policía tenía de la autorización judicial preceptiva y por qué no se avisó a los servicios de seguridad del Partido Popular para que no se levantaran sospechas.

 

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