Barberá exige al Gobierno que negocie y autorice las terrazas de los restaurantes de Pinedo y El Saler
La Alcaldesa recuerda que los actuales locales fueron definidos y autorizados por la propia Dirección General de Costas que ahora pretende eliminarlos
“Iremos a los tribunales, y yo con ellos como Alcaldesa de esta ciudad”
Acompañada por la Concejala de Playas, Lourdes Bernal, la Alcaldesa ha exigido al Gobierno, en primer lugar, que autorice las peticiones para utilizar las terrazas el año próximo, 2010; y en segunda instancia, que negocie con los pequeños empresarios “sin que, en ningún caso, la actitud sea la amenaza de cerrar en apenas 15 días o una multa exorbitante”.
Como se recordará, la Dirección General de Costas exige a los ocho locales que dejen fuera de uso sus terrazas a partir del día 31 de este mes, fecha en que expira la autorización emitida por Costas. De hecho, la Dirección General ha ido emitiendo autorizaciones año tras año desde 1999; para este año se aprobó una concesión ‘excepcional’, pero no se prevé ampliar a 2010.
La Alcaldesa ha calificado la postura del Ejecutivo, a través del Ministerio para el Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del que depende la Dirección General de Costas, de “arbitraria y caprichosa”, dado que, como ha recordado, “fue la propia Dirección General quien estableció cómo había que hacer los restaurantes en 1999 y quien los aprobó tal cual están ahora”.
EN VALENCIA, ARBITRARIEDADES NI UNA
La Alcaldesa ha calificado las exigencias de Costas de “imposibles” porque los locales de Pinedo y El Saler afectados “están creando trabajo, dinamizando la economía y dando vida a las pedanías en las que se encuentran”. “Se trata de una situación totalmente arbitraria –ha afirmado- y en Valencia, arbitrariedades ni una porque fue Costas precisamente quien aprobó la existencia de estos restaurantes –ha continuado la Primera Edila- con sus actuales terrazas tal como están ahora. Desde 1999 la Dirección General informó favorablemente sobre ellas y las ha autorizado año a año”. “Si la ley no ha cambiado en este periodo, no hay ninguna razón legal que justifique esta arbitrariedad”.
Además, Barberá se ha preguntado por qué han sido posibles la negociación y el acuerdo en el caso de la provincia de Alicante, y no lo es en Valencia, “en que se amenaza con multas exorbitantes apenas a 10 días de que expire el plazo”, ha subrayado. Según la Alcaldesa, se trata de una “barbaridad que atenta directamente contra la calidad de vida y el bienestar de la ciudad, y contra el atractivo turístico de Valencia y la Comunidad Valenciana”.
En el encuentro han tomado parte el Presidente de la Federación de Hostelería de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Gelabert; el Presidente de Asociación de Hostelería de Pinedo, Emilio Vázquez; la Presidenta de la Asociación de Hostelería de El Saler, Ángela Maroto; y el letrado de estas asociaciones, Javier Montesinos. La Alcaldesa les ha pedido que hagan público el informe de Costas en que se autorizan los locales “para demostrar la arbitrariedad de la Dirección General”.
Dado que los afectados han solicitado esta misma mañana una reunión con el Delegado del Gobierno, la Alcaldesa se ha sumado a esta petición “para que el Delegado tome cartas en el asunto, porque son casi 200 los puestos de trabajo que peligran de prosperar la decisión gubernamental”, ha denunciado Barberá.
El Presidente de la Federación de Hostelería, Juan Carlos Gelabert, ha asegurado que lo que piden los propietarios “no es nada del otro mundo; es la defensa de una forma de vida, y es lo que quieren mayoritariamente los ciudadanos y los visitantes”. “No es de recibo que, en plena negociación, nos den un plazo de poco más de diez días”, ha indicado.
La Alcaldesa ha concluido su intervención describiendo la situación como “un ataque más del gobierno socialista contra los intereses de los valencianos”.
