El Pleno pide que el Estado compense por la doctrina constitucional sobre el impuesto de plusvalías
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy instar al Gobierno del Estado a que solucione, mediante la aprobación de las medidas pertinentes, la problemática planteada por la resolución del Tribunal Constitucional en el caso de que la sentencia relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valores de los Terrenos Urbanos de Naturaleza Urbana (conocido como Impuesto de Plusvalías), que afecta al territorio foral de Guipúzcoa, se extienda al resto del Estado Español.
Como es conocido, el 16 de febrero pasado, el Tribunal Constitucional resolvió la cuestión de inconstitucionalidad promovida por un juez de lo contencioso de Guipúzcoa sobre determinados preceptos de la Norma Foral que regula el impuesto. Dado que se trata de preceptos idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en la Ordenanza Reguladora de nuestra ciudad, "la resolución pone de manifiesto la posible inadecuada regulación del impuesto, que –ha explicado Ramón Vilar- ha obligado a realizar frente a pagos a numerosos contribuyentes que pudieran no haber obtenido ningún beneficio/plusvalía en la transmisión de inmuebles en nuestra localidad".
Por ello, ha añadido el concejal de Hacienda, es necesario que el Ayuntamiento prevea medidas dirigidas a que se pueda exigir el tributo con arreglo a la constitucionalidad de la totalidad del articulado del impuesto, y reparar a quienes hayan hecho frente al gravamen, cuando no tenían obligación.
En ese sentido, el Pleno ha aprobado también que se dispongan los medios materiales y humanos necesarios para dotar de la adecuada infraestructura a la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de València "con el fin de poder dar debido cumplimiento a las consecuencias que pudieran derivarse" de la resolución del Constitucional.
La moción del concejal de Hacienda se ha planteado como alternativa a la propuesta que había realizado inicialmente el Grupo Ciudadanos, que ya incluía la referencia al incremento de medios en la Concejalía, entre otros aspectos como la modificación de la Ordenanza Reguladora del impuesto.
Además de la moción alternativa del concejal de Hacienda, también el Grupo Popular ha planteado en una enmienda transaccional para que se rebaje el tipo de gravamen del impuesto al 5% y que se aplique una bonificación en los casos de herencia del 95%, "dado que la sentencia todavía no afecta al Ayuntamiento y aún no se puede saber cómo quedarán determinados aspectos (la retroactividad, por ejemplo)", en palabras de Eusebio Monzó.
Vilar ha rechazado la propuesta del PP "que no viene a cuento con lo que se está tratando, y que parece que se les acaba de ocurrir", mientras que el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha mostrado su acuerdo con la iniciativa "pero no como alternativa al tema de las plusvalías", sino para poder aprobarla en otra sesión plenaria.
NINGÚN CIUDADANO SIN COBRAR, NI TAMPOCO EL AYUNTAMIENTO
El concejal de Hacienda ha defendido su propuesta, y ha asegurado que "ningún ciudadano que tenga derecho a cobrar un dinero que ha pagado irregularmente por esta causa se va a quedar sin cobrarlo. Pero –ha añadido- tampoco las entidades locales van a dejar de cobrarlo".
La propuesta planteada por Ramón Vilar, y aprobada finalmente con los votos del Gobierno Local, incluye también que se establezca "la correspondiente compensación por parte del Estado, de los efectos que sobre las arcas municipales puedan prever las sentencias del Tribunal Constitucional, con la finalidad de cumplir el principio constitucional de la estabilidad presupuestaria atendiendo a la "Responsabilidad del Legislador".
APOYO A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO LOCAL
El Pleno del Ayuntamiento ha respaldado hoy la gestión económica del Gobierno Local. La liquidación del ejercicio presupuestario 2016 ofrece unos datos saneados, según los informes sobre los planes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de reducción de deuda de que se ha dado cuenta a la Corporación.
El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha repasado los datos de los informes, que arrojan unos resultados al cierre del ejercicio anterior de 77 millones de euros de superávit, 159 millones de remanente de tesorería, 122 millones de ahorro neto, y una reducción de la deuda viva hasta los 683,6 millones de euros (hay que recordar que en 2012, la deuda alcanzó los 964 millones, "al borde de la quiebra técnica", en palabras de Vilar.
Durante la reunión del Pleno de hoy se ha aprobado también la 3ª relación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, la 2ª modificación de créditos extraordinarios, y la 2ª modificación del anexo de aplicaciones presupuestarias con subvenciones nominativas, todo ello correspondiente al ejercicio en curso, 2017. Las propuestas han salido adelante con los votos a favor del Equipo de Gobierno, mientras que los grupos de la Oposición se han abstenido. Posteriormente, se ha aprobado, en este caso por unanimidad, la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Durante el debate de las propuestas, el portavoz del Grupo Ciudadanos, Fernando Giner, ha señalado el enorme volumen de saldo que los informes califican de "dudoso o difícil cobro", que alcanza los 111 millones de euros. Tal como ha explicado el delegado de Hacienda, Ramón Vilar, la causa es que el anterior Gobierno, del PP, "no cobraba los atrasos, y nosotros ahora estamos liquidando esos atrasos y haciendo inspecciones".
Por su parte, el portavoz popular, Eugenio Monzó, ha atribuido los resultados económicos no a la "buena gestión" del actual Gobierno, sino a elementos como la "reducción del gasto financiero y el incremento de la Participación en los Impuestos del Estado, PIE". Además, ha criticado la "baja ejecución presupuestaria para esos resultados, especialmente en el capítulo de inversión".
