La LOTUP exige anular los PAI en trámite que no se hayan adjudicado

El concejal socialista Vicent Sarrià ha denunciado hoy que la Delegación de Urbanismo deberá sacar del olvido y anular casi 50 programas de actuación sin adjudicar por exigencia de la ley 5/2014 de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo, y Paisaje (LOTUP), que establece en su disposición transitoria quinta que “los ayuntamientos no podrán adjudicar ningún programa de actuación integrada que haya sido tramitado con la LRAU de 1994.

De esta manera, el Ayuntamiento aprobó el pasado mes anular el PAI de la Unidad de ejecución PS-3 del Perellonet, y en la Comisión de Urbanismo de mañana lunes tiene previsto anular dos más en Camino Nuevo de Picanya del barrio de San Isidro y el de Padre Domenech en Campanar.

“Se trata de actuaciones urbanísticas iniciadas en la década de los 90 en aplicación de la LRAU” ha comentado Sarrià, “lo que pone de manifiesto la desidia y la lentitud con que el Gobierno Municipal del PP ha tramitado estos PAIs que en muchos casos actúan sobre zonas degradadas de la ciudad”.

“Son los promotores los que marcan el ritmo y la gestión urbanística en la ciudad, mientras los diferentes Delegados de Urbanismo han mirado para otro lado olvidándose del interés general que debe primar en todas sus actuaciones” ha insistido Sarrià “quién propone que los programas de actuación integrada que sean prioritarios para solucionar problemas urbanísticos en los barrios los gestiones la empresa pública AUMSA, para que de nuevo se inicie su tramitación por aquellos promotores que los han tenido retenido más de dos décadas”.

El Programa de Actuación Integrada “Padre Doménech”: un pelotazo urbanístico que incrementa la edificabilidad un 80%

Uno de los programas de actuación integrada que se anula mañana lunes es el de Padre Doménech, impulsado por la mercantil Guadalmedina, que se presentó en 2005 incrementando la edificabilidad del PGOU en un 80%.

“Se trata de una recalificación prohibida por la legislación urbanística, ya que modifica la ordenación estructural con un incremento de la edificabilidad”, ha comentado Sarrià, “por lo que el gobierno municipal deberá explicar las poderosas razones por las que no atendió la petición del Grupo Socialista de rechazarla en 2005 nada más se presentó”.

Sin embargo, el gobierno municipal lo mantuvo y ordenó la recalificación de los terrenos incrementando la edificabilidad un 80% y eliminando la zona verde prevista, a través de la revisión del PGOU”.

“Se trata, ha comentado Sarrià, de una operación urbanística perfectamente calculada para generar importantes plusvalías privadas, en la que el Gobierno Municipal no ha tenido reparo alguno en proponer en la revisión del PGOU un incremento sustancioso de edificabilidad a costa de suelo destinado a jardines”, pasando de los 10.526 m2 de edificabilidad a los 18.858 m2, con un incremento de 8.342 m2, que permitiría al promotor construir 80 viviendas más.

El concejal socialista ha recordado que hace unos años la alcaldesa firmó con la misma mercantil (Guadalmedina) un convenio y permuta que permitió destruir las naves laterales y traseras de la Tabacalera, declarada Patrimonio Nacional Industrial, para construir dos edificios con 360 viviendas, además de favorecer una permuta investigada por los tribunales para el antiguo inmueble municipal de Av. Navarro Reverter, donde la mercantil ha construido un nuevo edificio de viviendas.

Como ha recordado Sarrià, el TSJCV por requerimiento del Tribunal Supremo está revisando el convenio con Guadalmedina y la permuta, ya que no se tuvo en cuenta ni el valor patrimonial del edificio que acabó derruido parcialmente, ni los valores de mercado del antiguo edificio municipal de Avda. Navarro Reverter, que el Ayuntamiento entregó a la mercantil valorado en 2.080 euros el m2, cuando la Generalitat consiguió en la subasta de los antiguos juzgados situados a escasos metros una valoración de 6.700 euros el m2.

Por este motivo, el concejal socialista Vicent Sarrià va a exigir en la Comisión de Urbanismo responsabilidades por no haber rechazado el PAI presentado en 2005 que vulneraba el PGOU, y planteará que se modifique la unidad UA-09 Plaza Padre Domenech de la revisión del PGOU, para que se mantengan los 10.526 m2 de edificabilidad previstos en el PGOU (tal como propuso el Grupo Socialista en las alegaciones a la revisión del PGOU), anulando la recalificación y que la gestione la empresa municipal AUMSA, ante el evidente trato de favor a la mercantil, para evitar el sospechoso trato de favor que se pretende.

Para Sarrià “la privilegiada ubicación de esta actuación, justo enfrente del centro comercial Nuevo Centro, la hace acreedora de una intervención que no persigue el interés general, sino más bien la generación de plusvalías privadas”.

Para los socialistas, AUMSA puede llevar adelante un Programa de Actuación Integrada, cumpliendo las previsiones del PGOU, sin incrementar la edificabilidad y por tanto sin generar sospecha alguna sobre la recalificación que se propone.

Para Sarrià “la gestión urbanística de la Alcaldesa durante estos casi 24 años esta plagada de actuaciones urbanísticas sospechosas y se ha caracterizado por dejar hacer a los promotores, abandonando el planeamiento y la gestión urbanística que es la principal competencia que tienen los ayuntamientos para favorecer un crecimiento respetuoso de las ciudades, evitando las operaciones especulativas”, y ha añadido que “la lamentable situación de degradación que presenta esta zona es sin duda una de las evidencias de que no ha existido voluntad para que el urbanismo en la ciudad esté al servicio de los ciudadanos y mejore los barrios”.