EU pide al PP que reclame al Consell la devolución de las cantidades desembolsadas en concepto de copago
La concejala del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha presentado una moción al Pleno de mañana en la que pide que el Ayuntamiento de Valencia inste a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social al cumplimiento de la sentencia del TSJCV de 1 de octubre del 2014 que declara la nulidad del Decreto 113/2013 de 2 de agosto, del Consell, por el cual se establece el régimen y las cuantías de precios públicos que se tienen que percibir en el ámbito de los servicios públicos y, en consecuencia, reclame la devolución de las cantidades desembolsadas en concepto de copago de los centros de titularidad municipal, así como que no recurra la sentencia ni pida la suspensión de la misma y convoque una mesa sectorial para consensuar la normativa, en el caso de que esta tuviera que existir.
La edil recuerda en el texto de la moción que este Decreto supone un nuevo varapalo en el sector de los servicios sociales, cuyas consecuencias pueden ser fatales dado que muchas de las personas usuarias no podrán pagar los servicios que están recibiendo actualmente y tendrán que ser sus familias quién las asuman, o si no pueden hacerse cargo, traerlas a casa.
Por este motivo, “fue contestado políticamente por el grupo parlamentario de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, donde presentó una Proposición No de Ley en la cual se pedía que se retirara este decreto y las otras medidas que recortan las ayudas a las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia”, ha explicado Albert, quien ha añadido que también hubo un rechazo social que llevó al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana a interponer un recurso ante la Sala del contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cual, en sentencia de 1 de octubre del 2014, declara la nulidad del decreto.
Según la concejala, “la sentencia no sólo invalida la forma en la cual se ha aplicado el decreto sino que específica muy claramente la situación de vulnerabilidad del sector y la escasa conveniencia de introducir un impuesto más en un colectivo con una situación por ella misma muy precaria”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia acordó en sesión plenaria de 31 de enero del 2014 que la administración municipal asumía el copago que correspondiera a las personas usuarias de los centros de titularidad municipal, así como solicitar al Consell la revisión del Decreto 113/2013.
“La estafa económica, denominada por algunos, crisis económica, que estamos sufriendo ha servido de excusa al Partido Popular para practicar políticas que bajo el parámetro de la austeridad y la supuesta racionalidad y sostenibilidad han significado el empeoramiento de la calidad de vida de muchas personas, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad social y han mostrado que la finalidad es el desmantelamiento del servicios públicos, únicos garantes de la igualdad de toda la ciudadanía”, ha concluido la edil.
