Pedro Sánchez denuncia que el PP legaliza 21 facturas que tuvieron reparo del interventor por valor de 2,5 millones
El concejal socialista Pedro Miguel Sánchez en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado que la Junta de Gobierno del 12 de septiembre tiene previsto aprobar un total de 21 facturas que han sido rechazadas en julio y agosto por la intervención municipal, por ser “encargos realizados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” en veinte casos, y en uno mas por “no respetar el procedimiento establecido ni los plazos de prórroga del contrato”.
Sánchez ha señalado que se trata en todos los casos, de gastos perfectamente previstos, por ser servicios contratados, como son el suministro de gas y electricidad, el servicio del “010”, las pólizas de seguros de responsabilidad civil y patrimonial y los seguros por daños y accidentes en los actos festivos, y el contrato de la ORA, por tanto “no son servicios imprevistos” que puedan justificar la necesidad de realizar un gasto urgente y luego formalizar el expediente.
El concejal ha indicado que los motivos del rechazo, en el caso de la factura de la factura de la ORA de junio, que suma 396.144 euros, es haber realizado el encargo “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y sin la previa fiscalización” además se señala “que no se han respetado el procedimiento ni los plazos de prórroga previstos en los pliegos del contrato” y se detalla que aunque la prórroga del contrato se acordó en abril de 2013, la misma no consta en el expediente.
En relación con las otras veinte facturas que suman 2,1 millones, los reparos de la intervención municipal se justifican por ser “encargos que se realizaron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” aunque se señala que en todos los casos había presupuesto suficiente.
Pedro Miguel Sánchez ha indicado que pedirá explicaciones en la próxima comisión de hacienda “porque queremos saber si se trata de desidia o de desconocimiento por parte de los responsables, dado que al ser gastos previstos no se comprende que se realicen al margen de las normas legales de contabilidad y procedimiento”.
En todos los casos, ha señalado, los informes de la intervención señalan expresamente, que se emiten para subsanar la omisión de fiscalización, “con independencia de la posibles responsabilidades en que se hubiera podido incurrir”.
Finalmente, el concejal Pedro Miguel Sánchez ha manifestado que “este es un ejemplo más del descontrol en el gasto que se ha producido durante el mandato de Rita Barberá. Por eso, hay que recordarle a la alcaldesa que la ley es para todos, para ella también; incluso que ella debería ser la más interesada en que se cumplieran la normas en la gestión del dinero de los valencianos.
